Los empresarios han inscrito en la Seguridad Social al 95% de los inmigrantes regularizados

Los empleadores ya han dado de alta en la Seguridad Social a 435.990 inmigrantes, cifra que supone el 95% de las solicitudes de regularización aprobadas por el Ministerio de Trabajo hasta primeros de este mes. Fuentes de ese departamento atribuyen las resoluciones que no se han formalizado, el 5%, a las vacaciones estivales y a cambios en las circunstancias personales de los empresarios o de los extranjeros. El PP profetizó en su día que el proceso de normalización fracasaría porque los empresarios no inscribirían a los inmigrantes en la Seguridad Social.

El proceso de normalización de inmigrantes que residían en España de forma irregular pero disponían de un contrato de trabajo y carecían de antecedentes penales fue diseñado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para dar una salida al millón de sin papeles que dejó en herencia el anterior Gobierno del PP y, al tiempo, combatir la economía sumergida.

Durante los tres meses que duró el proceso, desde el 7 de febrero hasta el 7 de mayo, el PP cambió varias veces sus argumentos para atacar al Ejecutivo.

El presidente de ese partido, Mariano Rajoy, se refirió desde el principio a la regularización como "un error colosal". Y su secretario general, Ángel Acebes, la calificó de "despropósito".

Pero a medida que creció la afluencia de los empresarios a las oficinas de la Administración para regularizar a sus empleados, los líderes del PP corrigieron el tiro. Profetizaron entonces un número ridículo de contratos materializados con la correspondiente alta en la Seguridad Social.

Muy insistente en este sentido se mostró la secretaria ejecutiva de Política Social y Bienestar del partido, Ana Pastor, quien celebró varias conferencias de prensa para reclamar al Gobierno la cifra de altas en la Seguridad Social.

Pero el Ministerio de Trabajo no podía dársela por dos motivos. El primero era que el proceso de verificación de los documentos presentados por los empresarios y por los inmigrantes era lento y laborioso. El segundo radica en que, desde que reciben la autorización provisional de residencia y de trabajo para los extranjeros, los empresarios disponen de un mes para darles de alta en la Seguridad Social.

De hecho, la cifra de 435.990 altas es provisional. De las aproximadamente 690.000 solicitudes de regularización que los empresarios presentaron entre el 7 de febrero y el 7 de mayo, han sido resueltas hasta ahora 592.192 (el 85,62%). De las 99.400 que aún están por resolver, una parte importante se halla pendiente de algún documento, como el abono de multas de tráfico o de deudas con la hacienda pública por parte de los empleadores.

De las 517.617 solicitudes que Trabajo había fallado favorablemente hace un mes, y que suponen el 87,4% de las que había resuelto, los empresarios han formalizado con el alta en la Seguridad Social 435.990; esto es: el 95% de ellas.

Los empresarios que presentaron el 5% de resoluciones restante tendrán que explicar por qué no han inscrito a sus trabajadores en la Seguridad Social.

El Reglamento de Extranjería es claro al respecto. Una vez que el empresario o empleador que haya tramitado la regularización del inmigrante recibe la resolución favorable del expediente de éste, dispone de un mes para darle de alta en la Seguridad Social. El mismo plazo rige para los extranjeros que pretenden trabajar parcialmente y de forma simultánea para varios patronos en el servicio doméstico, los cuales tramitan su propio expediente.

Sólo cuando el empresario da de alta al inmigrante y abona las correspondientes tasas, que ascienden a 187,02 euros, comienza el periodo de vigencia del permiso de residencia y de trabajo del extranjero, que es de un año. El inmigrante deberá solicitar su tarjeta de identidad durante el mes posterior a esa entrada en vigor.

En el caso de que no se produzca el alta del trabajador en la Seguridad Social durante al mes siguiente a la resolución de su expediente, la autorización para residir y trabajar en España quedará sin efecto.

El Reglamento de Extranjería señala que, en ese caso, la Administración requerirá al empleador (o al inmigrante, en los casos de trabajo doméstico para varios patronos) para que indique las razones por las que no se ha iniciado la relación laboral. "Con la advertencia", señala el Reglamento, "de que, si no alegase ninguna justificación o si las razones aducidas se considerasen insuficientes, podrán denegarse ulteriores solicitudes de regularización que presente".