Extranjeros cotizantes

El porcentaje de extranjeros entre los trabajadores inscritos en la Seguridad Social (8,7%) se aproxima ya al de los principales países de la UE, que ronda el 10%. Lo más significativo de los datos ofrecidos hace dos días por el Ministerio de Trabajo es que en el último año, merced a la afloración de empleos sumergidos provocada por la regularización extraordinaria de febrero-mayo, el número de extranjeros cotizantes ha aumentado en 600.000. En julio, último mes considerado, 4 de cada 10 nuevos cotizantes eran extranjeros. Ello hace que el número total de afiliados alcance la cifra récord de 18,2 millones; hace 12 años eran 13 millones.

En 1998, la natalidad española fue la más baja del mundo. A fines de aquel año, el número de extranjeros inscritos en la Seguridad Social era de 260.000, el 1,9% del total. Desde entonces, el aumento ha sido constante, hasta el 8,7% actual. Con un modelo basado en la construcción y el turismo, que absorben mucha mano de obra, casi nadie discute hoy el papel determinante de la inmigración (la más alta de la UE) en el fuerte crecimiento español de la última década. El 25% de los extranjeros cotizantes de régimen general trabaja en la construcción, y el 20%, en hostelería.

La otra cara del fenómeno es la necesidad de adaptar nuestro Estado de bienestar a ese crecimiento de la población, incluyendo las necesidades de integración de esos tres millones de inmigrantes, muchos de los cuales han venido para quedarse. De los 1,6 millones de extranjeros cotizantes, 226.000 proceden de Marruecos, cifra equivalente a la de los originarios de países de la UE, y 520.000, casi un tercio del total, de países de América Latina, siendo Ecuador el primero de entre ellos.

Este país acaba de aprobar una norma por la que los nacionales residentes en el extranjero podrán participar, por primera vez, en las próximas elecciones presidenciales, en octubre de 2006. En un país de 11 millones de habitantes, el voto de los 492.000 ecuatorianos residentes en España puede ser decisivo. Tal vez algún día haya que plantear si no deberían tener también derecho a votar en al menos las elecciones locales de España, como ya hacen los residentes de países de la UE, y como ya ocurre en Bélgica e Irlanda: el que cotiza, vota.