Los inmigrantes alquilan menos del 9% de los pisos de los planes de promoción de vivienda

Profesionales y agencias del sector inmobiliario, asociaciones de consumidores y los grupos que trabajan con inmigrantes coinciden en que los extranjeros de origen no comunitario son quienes están sosteniendo actualmente el mercado de alquiler de viviendas en Euskadi, que apenas supone el 5% de la demanda ciudadana de pisos frente al 11% del conjunto de España. Pese a ello, los inmigrantes no cuentan con planes específicos para acceder a un alojamiento y suponen menos del 9% de los contratos gestionados por los programas públicos de fomento del arrendamiento.

José Ramón Gorostiz, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Vizcaya, destaca que la demanda por inmigrantes de pisos en alquiler (cerca de un 60% del total) compensa el descenso del mercado nacional. Mientras, la Federación de Consumidores de Euskadi ha constatado un aumento de las consultas de inmigrantes desde hace cuatro o cinco años y precisa que hoy suponen la mayoría de las consultas que la federación recibe relacionadas con los alquileres.

El consejero de Vivienda, Javier Madrazo, considera que no es necesario adoptar medidas específicas para facilitar el acceso de los inmigrantes al arrendamiento de pisos, porque ya existen planes generales: "Hay un programa que funciona bien, que es el de alquiler de viviendas vacías, con un precio social. Por esta vía muchas personas con pocos recursos pueden acceder a la vivienda, y también personas inmigrantes", apunta. El consejero explica que el Gobierno no quiere hacer en este asunto ninguna excepción, sino tratar a los inmigrantes como al resto de los ciudadanos.

Sin embargo, los extranjeros resultan muy minoritarios en estos programas oficiales. Los datos del propio Departamento de Vivienda indican que el número de inmigrantes no comunitarios acogidos al programa Bizigune -el plan que capta pisos desocupados y los pone en el mercado de alquiler a precios protegidos- asciende a sólo 177 sobre un total de unos 2.000 expedientes tramitados, es decir menos del 9%. Respecto a los casi 700 contratos gestionados actualmente por la sociedad de alquileres públicos Alokabide, menos del 0,5% corresponde a extranjeros.

La ONG SOS Racismo destaca los problemas específicos que encuentran los inmigrantes para arrendar un piso. "El acceso a la vivienda resulta un tema difícil para todo el mundo ya que el mercado es reducidísimo, pero lo es aún más para los inmigrantes", indica Diego Jauregui, representante de la asociación. Jauregui recuerda que se dan en ocasiones muestras de racismo evidentes cuando un extranjero intenta acceder a un piso de alquiler.Las asociaciones de inmigrantes recuerdan que con el problema de la vivienda empieza un círculo vicioso, ya que su acceso a servicios sociales depende del empadronamiento -y, por tanto, de disponer de un hogar-, que, además, algunos propietarios niegan a sus arrendatarios.

Gorostiz reconoce que los propietarios de las viviendas dan en ocasiones "instrucciones" sobre el tipo de inquilinos que prefieren. En total, Jauregui estima que "el 80% de los inmigrantes sufre la dificultad de encontrar una casa". Tienen que pagar más para lograr lo mismo, aceptar peores condiciones o compartir un piso.

Madrazo admite que "en el mercado libre, poco se puede hacer más allá de campañas de sensibilización". Para SOS-Racismo, lo más urgente es "suprimir los discursos políticos racistas y revisar las leyes de Extranjería", y sólo después se podrá potenciar la lucha contra las discriminaciones.