El Gobierno catalán retoma la actividad, atrapado en el desacuerdo sobre el Estatuto

El Gobierno catalán se reúne el martes por primera vez después de las vacaciones con la patata caliente de la falta de consenso sobre el nuevo Estatuto de Autonomía, que está sobre la mesa tal como quedó hace tres semanas. Los partidos han dedicado este interludio a marcar sus posiciones sin modificarlas un ápice, con lo que a estas alturas todo está pendiente del dictamen del Consejo Consultivo de la Generalitat sobre la constitucionalidad de la propuesta, que se ha de conocer el día 5. Los partidos esperan que este dictamen proporcione alguna "percha" para que CiU y PSC, las dos fuerzas que mantienen desacuerdos en aspectos esenciales, puedan modificar posiciones sin aparecer como perdedoras.

Durante estas semanas se ha especulado con que un eventual encuentro discreto entre el presidente Pasqual Maragall y el líder de la oposición, Artur Mas, presidente de CiU, pudiera acercar posiciones. Pero este acercamiento no se ha producido y los dirigentes de CiU y PSC que han hablado durante estos días lo han hecho para marcar sus propias posiciones y achacar al adversario la responsabilidad de la ausencia de consenso.

El tono de las declaraciones públicas de los dirigentes no es el indicativo de cinco partidos en busca de acuerdos, sino más bien el de cinco partidos que airean justificaciones de sus propias posiciones. Ni los socialistas ni los nacionalistas confían en que el dictamen del Consejo Consultivo aporte soluciones sobre los principales puntos en litigio, la enmienda de CiU que propugna el concierto económico y la vinculación de los derechos históricos con determinadas competencias exclusivas.

Sin embargo, una de las virtualidades del dictamen del Consejo Consultivo es que permitirá la apertura de un nuevo plazo de enmiendas a partir del día 5. El plazo puede ser de un par de días, pero también de una semana, si conviene. La Comisión Primera del Parlamento tendrá que reunirse por lo menos una vez y quizá nombre una ponencia para preparar las modificaciones.

Aunque el presidente Pasqual Maragall ha puesto la última semana de septiembre como tope para alcanzar el acuerdo o desistir, nadie ha querido tomar la fecha como inamovible y todos los partidos piensan que eso incluye probablemente una o dos semanas de octubre. Pero no mucho más. A mediados de octubre debe celebrarse el debate parlamentario anual sobre la orientación política general, en el que se fija la agenda del curso político. Y esa agenda será una u otra según haya o no haya acuerdo sobre la reforma del Estatuto.

Éste es el proceso que algunos de los diputados que han actuado como ponentes del Estatuto creen que podría aprovecharse para transaccionar algún acuerdo. Con independencia de estos aspectos formales, sin embargo, todo los partidos esperan que el presidente Maragall tome alguna iniciativa para lograr un acuerdo con el primer partido de la oposición.

Fuentes de CiU han explicado estos días que a principios de agosto transmitieron a Maragall la plena disposición de Artur Mas a mantener contactos todo lo discretos que hiciera falta para negociar sin presión. Esta disposición, sin embargo, ha contrastado con el tono de las declaraciones públicas de sus portavoces, en particular las del diputado Felip Puig y del portavoz de CiU, David Madí. Provocaron a su vez respuestas en el mismo tono de los socialistas, por boca de su vicesecretario general, Miquel Iceta, y su secretario de Organización, José Zaragoza. Y que el portavoz del Gobierno, Joaquim Nadal, reclamara el fin de los ataques verbales como condición para una entrevista.

Incertidumbre absoluta

En este contexto, lo cierto es que reina la incertidumbre más absoluta entre los dirigentes de los partidos acerca de su propia capacidad para deshacer el nudo. Con la excepción de la voluntarista posición del consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, quien esta semana ha seguido mostrándose convencido de que al final habrá acuerdo.

Después de haber dejado en minoría a los socialistas en la cuestión de los derechos históricos, los republicanos quieren ahora que PSC y CiU negocien un acuerdo. Pero los socialistas están convencidos de que los nacionalistas no lo desean y que ERC les ha proporcionado, con el asunto de los derechos históricos, el argumento para echar al PSC la responsabilidad sobre la falta de acuerdo. Iceta, en nombre del PSC, explicó ayer que sigue siendo pesimista sobre el final de este proceso.