ERC pide que catalán, gallego y vasco tengan carácter oficial en toda España

ERC ha elaborado una propuesta de ley, que presentará en los próximos días en el Congreso de los Diputados, cuya finalidad es que, además del castellano, el catalán, el gallego y el vasco tengan carácter de lengua oficial en todo el Estado español y no sólo, como ocurre ahora, en sus respectivas comunidades. El presidente de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, ha presentado esta iniciativa en la Universidad Catalana de Verano, que se celebra en Prada (Francia), acompañado del diputado Joan Tardá, el senador Miquel Bofill y la presidenta de la sectorial de política lingüística de ERC, Xesca Oliver.

La propuesta pretende que estas tres lenguas sean también oficiales en los ámbitos competenciales constitucionalmente reservados al Estado, así como en las instituciones estatales comunes a todo el territorio español, y para ello prevé cambios en ámbitos tan diversos como la justicia, el etiquetaje de productos o los medios de comunicación. En este sentido, ERC reclama que "las emisoras de radio y televisión, públicas y privadas, con una autorización o concesión para emitir para todo el territorio español, emitan al menos la mitad de su programación en las lenguas oficiales distintas del castellano, ya sea mediante desconexiones territoriales o mediante canales de audio diferenciados".

Carod Rovira ha indicado que, con esta ley, su partido pretende "normalizar la diversidad lingüística del Estado", en su opinión "una asignatura pendiente desde 1977" , aunque ha añadido que la mera "admisión a trámite" de la iniciativa, que lleva por nombre de Ley de protección y promoción de las lenguas españolas distintas del castellano, ya sería considerado "un éxito" por la formación republicana. Preguntado por el apoyo del PSOE a la admisión a trámite de la propuesta, el líder de ERC ha afirmado que sería "absolutamente improcedente que el discurso de la defensa de la diversidad que hace en Europa el presidente del Gobierno no lo hiciera también en España".

El DNI, en catalán

Por otra parte, ERC exige en su propuesta -elaborada por la sectorial de política lingüística de ERC- que los ciudadanos puedan dirigirse a instituciones, organismos o agencias dependientes de la administración del Estado en una lengua del Estado y que reciban respuesta en la misma lengua. La formación republicana reclama que un ciudadano pueda obtener documentos oficiales como el DNI, el permiso de conducir, el pasaporte, el libro de familia o bien las tarjetas de residencia y trabajo en todas estas lenguas, además del castellano. Solicita asimismo disponer de moneda, sellos oficiales, sellos postales en catalán, gallego y vasco, así como poder relacionarse "en la lengua oficial propia de la comunidad autónoma" con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o bien con los servicios exteriores del Estado (embajadas y consulados).

La propuesta legal también exige "garantizar que la oferta de toda clase de bienes y servicios ofrecidos en las comunidades con lengua propia esté disponible para los consumidores preferentemente en lengua oficial propia de la comunidad, sin perjuicio de que también pueda estarlo en castellano". Para el cumplimiento de la ley, ERC subraya que la administración del Estado y sus organismos dependientes deberán tener, "tanto en los servicios centrales como en sus dependencias administrativas en el territorio de las comunidades con lengua propia, personal necesario con capacitación lingüística suficiente para dar cumplimiento a la ley".

La propuesta de ley, que implicaría el cambio de dos leyes del Estado, sostiene también que, para poder optar a plazas de magistrado, juez o secretario judicial vacantes en los territorios con lengua propia oficial distinta del castellano, el aspirante debería "al menos comprender" de forma "oral y escrita" la lengua oficial propia del territorio donde se sitúe la vacante. Otra de las solicitudes que hace ERC, que recibe habitualmente llamadas de atención en las Cortes al usar el catalán, en la ley es "disponer las medidas necesarias para permitir un uso normal de todas las lenguas oficiales del Estado en los trabajos de comisiones y plenos de las dos cámaras de las Cortes Generales".