La fiscalía pide un proceso por la marcha de San Sebastián

La dirección de la ilegalizada Batasuna podría enfrentarse a un nuevo proceso judicial. La fiscalía de San Sebastián pidió ayer al Juzgado de Instrucción número 1 que abra un procedimiento para identificar y delimitar la responsabilidad penal de las personas que convocaron y participaron el domingo en la marcha prohibida en San Sebastián.

Aún hay que esperar a que se practiquen las diligencias para tener sobre la mesa el escrito de acusación, pero el fiscal jefe donostiarra, Jaime Goyena, ya adelanta que podría imputarse a los responsables un delito de "manifestación ilícita", que contempla penas de prisión de hasta tres años y multas de hasta 24 meses. El juzgado debe decidir ahora si admite o no a trámite la denuncia de la fiscalía y, en su caso, abre el procedimiento.

En su denuncia, el Ministerio Público solicita al juzgado que pida a las diferentes policías sus informes sobre la marcha improvisada por la izquierda abertzale, y que recabe el expediente administrativo de esta manifestación que fue prohibida por el Departamento vasco de Interior con el visto bueno posterior del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

La movilización, desarrollada bajo el lema Orain herria, Orain Bakea (Ahora el pueblo, ahora la paz), había sido comunicada oficialmente por el ex edil donostiarra de EH Iñigo Balda y convocada públicamente por varios dirigentes de Batasuna. Tras el fallo judicial, el ex concejal anunció que la desconvocaba, pero Batasuna mantuvo su llamamiento.

Alrededor de dos mil simpatizantes de la izquierda abertzale se citaron el domingo en el Boulevard donostiarra para continuar con su plan inicial. La intervención contundente de la Ertzaintza hizo que desistieran, se refugiaran en la Parte Vieja e improvisaran una marcha que finalizó con un acto en la plaza de Zuloaga. Tanto Balda como los dirigentes de Batasuna Joseba Álvarez, Pernando Barrena y Juan Joxe Petrikorena participaron en ella. El consejero de Interior, Javier Balza, ya anunció que buscaría responsabilidades penales y administrativas por estos hechos, que calificó de "desacato a los tribunales".

La denuncia ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 1, el mismo que instruye la causa contra los ocho detenidos por participar presuntamente en los altercados registrados tras la manifestación. Tres de ellos están en prisión y los otros cinco en libertad con cargos y la obligación de presentarse cada lunes en el juzgado.