Unas 5.000 personas protestan en Brasilia contra la corrupción

La primera manifestación ciudadana desde que estallaron los escándalos de corrupción que salpican al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva reunió ayer en las calles de Brasilia a unas 5.000 personas. La protesta fue convocada por la Coordinación de Movimientos Sociales, cercana al Partido de los Trabajadores (PT), que decidió salir a la calle para expresar su solidaridad con Lula, pero también para exigir que se luche contra la corrupción.

La manifestación contó sobre todo con los miembros de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), que salieron con las caras pintadas con los colores de la bandera nacional. Detrás de los estudiantes aparecieron los hombres y mujeres del Movimiento de los Sin Tierra (MST) y los de la Central Única de los Trabajadores (CUT), un sindicato próximo al PT.

Gustavo Petta, presidente de la UNE, dijo que la manifestación era contra la corrupción y en favor de que se castigue a los culpables y de un cambio en la política económica. Miriam Letão, analista política de la revista O Globo, explicó que se trataba de una marcha atípica, al ser lo que ella calificó de "indignación a favor". Los manifestantes aseguraron que no estaban "en contra ni de Lula ni del Gobierno", aunque también pidieron un cambio en la política a la que califican de neoliberal.

Las calles de Brasilia serán de nuevo tomadas hoy por otro grupo de manifestantes, pero esta vez opuestos a Lula. La protesta ha sido organizada por los partidos más de izquierdas no aliados al Gobierno, entre ellos los partidos Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) y Socialismo y Libertad (PSOL), ambos marxistas y fundados por diputados expulsados del PT al inicio del Gobierno de Lula.

La oposición descartó, por ahora, cualquier iniciativa para abrir un proceso con el objetivo de destituir a Lula, mientras que el Presidente de la Cámara de Diputados, Severino Cavalcanti, que cree que Lula es inocente, aseguró que "está dispuesto a asumir las riendas de la nación" en caso de que Lula y el vicepresidente, José Alencar, tuvieran que dimitir. El Presidente del Parlamento es la tercera autoridad del Estado brasileño.

Respecto a la investigación sobre la corrupción en el seno del partido gobernante, existía ayer una gran expectativa por el interrogatorio, por parte de 13 miembros de la Comisión de Investigación del Parlamento en una comisaría de policía de São Paulo, a Antonio Claramunt, condenado a 20 años de cárcel por tráfico irregular de divisas al extranjero.

Claramut, conocido como Tonino de Barcelona, pidió confesar todo lo que, según él, sabe del envio de dinero al extranjero por parte del PT desde 1989 con motivo de las primeras presidenciales disputadas por Lula. La Comisión de Investigación aún debe decidir si convocarlo para una sesión pública en el Parlamento. La Comisión de Ética del PT escuchó a puerta cerrada al ex tesorero del partido, Delubio Soares, considerado el mayor responsable del descalabro económico. Tras las declaraciones de Delubio, que renunció voluntariamente a su cargo, el partido decidirá si lo expulsa.

En la crisis política ha intervenido también la Conferencia Episcopal del país, que se reunió la semana pasada. Los obispos que habían apoyado la elección de Lula fueron duros con el escándalo de corrupción. Aunque piensan que aún no existen pruebas para un juicio contra Lula, la Conferencia, en palabras del presidente la Comisión Episcopal Pastoral, Monseñor Aldo di Cillo Pagotto, "el pueblo está perdido. Falta mando en el Gobierno. Es como si el país estuviera en la sala de reanimación, y faltase a un médico que nos informe de lo que está ocurriendo". Los obispos están en contra de la reelección de Lula.