La Fiscalía abre nuevas diligencias por delitos urbanísticos del alcalde de Benalmádena

La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga ha abierto una nueva investigación sobre presuntos delitos urbanísticos del alcalde de Benalmádena, el independiente Enrique Bolín, por conceder licencia de obra y de primera ocupación para unas viviendas promovidas por un ex concejal de su grupo en contra de los informes de los técnicos municipales. En lo que va de año, la fiscalía ha abierto al menos tres diligencias de investigación penal por asuntos similares. En el orden administrativo, la Junta tiene impugnados varios acuerdos municipales de modificación de usos del suelo.

El nuevo asunto objeto de investigación penal tiene que ver con una promoción de viviendas de la sociedad Cortijos de la Hidalga, a la que está vinculado José María Úbeda, ex concejal del partido de Bolín -Grupo Independiente de Benalmádena (GIB)-. En su momento, los técnicos municipales informaron desfavorablemente sobre la licencia de obras para la construcción de 17 viviendas porque el proyecto sobrepasaba en 369 metros la edificabilidad máxima permitida en la parcela, 2.200 metros cuadrados, e incumplía las separaciones mínimas obligatorias entre viviendas.

La licencia fue concedida porque la promotora presentó un escrito en el que se comprometía a reducir la superficie de las viviendas. Uno de los extremos que investiga la Fiscalía es cómo se tramitó esta modificación, pues no hay constancia de que se hiciera, como es preceptivo, con la presentación de un proyecto reformado ni de que por consiguiente se emitiera informe de los servicios técnicos.

A la hora de emitir la licencia de primera ocupación para las 17 viviendas, los técnicos municipales detectaron que en la única casa aislada del conjunto se había construido un sótano de 103 metros cuadrados no autorizado y que se habían realizado movimientos de tierra superiores a los permitidos. Por ello, el arquitecto técnico municipal emitió un informe desfavorable a la concesión de la primera ocupación, sobre el que el alcalde escribió de puño y letra "Concédase licencia primera ocupación", acompañada de su firma y datada el 15 de octubre de 2001.

Esto mismo hizo Bolín en otros dos casos que investiga la Fiscalía. En ambos ordenó de puño y letra la concesión de sendas licencias de obras en la urbanización Torrequebrada sobre los informes técnicos desfavorables a las mismas.

También es objeto de investigación una licencia a la misma sociedad para edificar dos viviendas en una parcela que en el subsuelo era atravesada por la tubería de abastecimiento de agua a la Costa del Sol y en la que existía un pino de grandes dimensiones para cuya tala la promotora solicitó el oportuno permiso. Las obras las ejecutó la promotora en otra parcela próxima, pero sin el correspondiente proyecto reformado y sin ningún informe previo de servicios municipales.

El aparejador municipal, que detectó además que las obras invadían una zona verde pública, propuso en junio de 2004 que se decretara la paralización de las obras. Pero en lugar de ello, el alcalde firmó un decreto de permuta de las parcelas, justificado en la conveniencia de conservar el pino y se dio por buena la licencia de obras ya concedida.

La política urbanística de Bolín está en el ojo del huracán. Además de estos casos de presuntos delitos, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio u Urbanismo ha conminado al consistorio a revisar su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), al que en apenas dos años de vigencia ha introducido ya 25 modificaciones de elementos que en su mayoría producen cambios de los usos del suelo. Según la Consejería de Obras Públicas, Bolín ha convertido en normal una medida a la que la ley da carácter excepcional, de forma que todas estas modificaciones aisladas "pueden llegar a producir de hecho un cambio sustancial del modelo territorial".