Blair prepara una ley para que los jueces no puedan frenar las deportaciones

El pulso que el Gobierno británico viene echando contra los jueces en su lucha contra el terrorismo se tensa cada día más. El ministro para Asuntos Constitucionales, Charles Falconer, declaró ayer que está preparando una ley para orientar a los jueces sobre cómo interpretar la Convención Europea de Derechos Humanos, de 1998. El objetivo es que los jueces no bloqueen las deportaciones de una persona supuestamente vinculada al terrorismo. El artículo 3 de la Convención impide deportar a alguien a algún país donde pueda ser maltratado.

Con la nueva ley, según Falconer, los jueces estarían obligados a otorgar "tanto valor a la seguridad nacional como a los derechos de los sospechosos". El ministro advirtió de que el proyecto tendrá que ser debatido y aprobado en el Parlamento, pero su intención es que, una vez aprobada, los jueces dispongan de una "interpretación correcta de la Ley de Derechos Humanos".

El penúltimo asalto del pulso entre Gobierno y defensores de derechos civiles sucedió el jueves, cuando la policía detuvo a 10 extranjeros con el objetivo de deportarlos a sus países porque entrañan una "amenaza para la seguridad nacional", según el Ministerio del Interior británico. Nueve de los arrestados son argelinos. Siete de ellos habían permanecido en la cárcel de alta seguridad de Bermarsh, al sur de Londres, hasta tres años. Tuvieron que ser puestos en libertad por falta de pruebas hace varios meses cuando recurrieron a los jueces lores, máxima instancia judicial del país, quienes declararon ilegal una ley que permitía la detención indefinida sin juicio.

Ahora, el Gobierno pretende extraditar a la mayoría de los detenidos a Argelia, uno de los países con más denuncias sobre violación de derechos humanos, según diversos grupos independientes. El detenido más famoso y el único del que ha trascendido su identidad es el clérigo musulmán jordano Abu Qutada, vinculado por el juez Baltasar Garzón a los suicidas del 11-M y a los del 11-S. Jordania es el único Gobierno con el que el Reino Unido ha alcanzado, hasta el momento, un acuerdo en el que el Estado jordano se compromete a no torturar al deportado. Con Argelia y Líbano, las conversaciones van avanzando.

El Consejo Musulmán Británico, asociación mayoritaria y de perfil moderado entre los dos millones de musulmanes del país, duda de las garantías de respeto a los derechos humanos que pueden ofrecer estos países. Los representantes de las principales organizaciones humanitarias señalan que el acuerdo al que se pueda comprometer Jordania es papel mojado. El ministro de Asuntos Constitucionales, Charles Falconer, respondió ayer a ésos en las páginas de The Guardian: "Será misión de los tribunales decidir si las garantías [de respeto de derechos humanos] y los inspectores independientes que hemos propuesto [para supervisarlas] son los adecuados".

El Gobierno cuenta con el apoyo de los principales partidos de la oposición y con el de los periódicos más leídos. Mientras el sensacionalista The Daily Express pidió en su portada: "Echémosles a patadas", los conservadores The Daily Telegraph y The Times abogan por el endurecimiento de las medidas.

Pero la deportación no será una tarea fácil, a juicio de los juristas especializados. Los arrestados pueden recurrir al Alto Tribunal y, en un plazo de cinco días, a la Comisión de Apelaciones Especiales de Inmigración. Pueden incluso recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en Francia.

Siete de los arrestados han contratado los servicios de la abogada Gareth Peirce, famosa en el Reino Unido por defender casos emblemáticos en la defensa de derechos humanos. En ella está basado el personaje que interpreta la actriz Emma Thompson en la película En el nombre del padre, donde se relata la liberación de cuatro supuestos terroristas del IRA cuya inocencia fue demostrada por Peirce. Consiguió también el regreso al Reino Unido de cuatro presos británicos detenidos en la base estadounidense de Guantánamo y el mes pasado tomó el caso de la familia del electricista brasileño Jean Charles de Menezes, abatido por la policía el 22 de julio al confundirlo con un terrorista. "Con decir terrorismo ya hay excusa para todo", declaró Peirce en varias ocasiones. La abogada calificó ayer las declaraciones de Falconer de "desafío constitucional del más alto nivel". Y añadió: "El primer ministro está equivocado. Las reglas del juego no han cambiado, no pueden ser cambiadas por medidas políticas que se toman con vistas a la galería".