El juzgado imputa a 25 personas por un fraude de 12 millones en IVA mediante facturas falsas

El Juzgado de Instrucción número 16 de Barcelona ha concluido la investigación de un presunto fraude al erario público cuantificado en 12,2 millones de euros en concepto de facturas falsas del IVA. En el caso están imputadas 25 personas, principalmente empresarios del sector de la chatarrería de la provincia de Barcelona y abogados. Entre los acusados figura también Miguel García Hoffman, ex delegado de Hacienda en Cataluña. La juez asegura que actuó como asesor de la sociedad Terminus Metal, principal empresa de la trama, acusada de defraudar 10,39 millones de euros.

La trama fue descubierta por la Guardia Civil en mayo de 2000, y ahora la magistrada ha dado traslado de la causa al ministerio fiscal y a la abogacía del Estado para que presenten escrito de acusación o soliciten el archivo del caso.

Para que pueda celebrarse la vista lo ha de solicitar el fiscal o alguna de las acusaciones particulares, tal y como es muy probable que suceda en este caso. La magistrada considera que los 25 imputados pudieron cometer un delito continuado de falsedad en documento mercantil y, varios de ellos, uno o tres delitos más contra la Hacienda pública.

El mecanismo del fraude responde al esquema clásico empleado cuando entró en vigor el impuesto del IVA y que consistía, según la juez, en constituir "empresas instrumentales pensadas única y exclusivamente para generar facturas falsas" a favor de sociedades del sector de la chatarrería radicadas en el área metropolitana de Barcelona para minorar o eludir el pago del IVA.

La persona que se dedicaba a constituir estas empresas pantalla, relata la juez, era Eduardo Millán Lacruz, bien de forma directa o a través de testaferros. En todos los casos, el capital social era mínimo, las sociedades tenían "un administrador único o casi imposible de localización" y contaron para su creación con la colaboración del despacho de abogados Gracía y Malfeito, que dirige el letrado José Antonio Gracía Vicente y en el que trabaja el también imputado Jordi Llorente.

Variantes del fraude

El fraude, relata el auto judicial, presenta diversas variantes, entre ellas la posibilidad de que se beneficien dos empresas con actividad real a partir de una misma factura falsa o que se utilicen empresas radicadas fuera de España, pero en la Europa comunitaria, para facturar sin IVA y, además, deducir en su liquidación un impuesto que no se ha soportado.

El fraude supuestamente cometido corresponde al periodo 1997-2000. El relato del auto judicial señala que fueron nueve las compañías chatarreras implicadas, aunque la juez considera que la mayor beneficiaria fue Terminus Metal, SL, administrada por Jaume Aiguadé Puggalí. La juez asegura que esta empresa defraudó en sus declaraciones de IVA de 1997 a 1999 un total de 10,39 millones de euros en concepto de IVA, y que sus administradores "presionaron" a los emisores de las facturas falsas Eduardo Millán y José Medina para que les girasen esos recibos ante la investigación iniciada por Hacienda.

La entrega de las carpetas con facturas falsas, según la juez, se realizó en una notaría de Barcelona, y en ese encuentro intervino como asesor de la empresa Miguel García Hoffman, delegado especial de Hacienda en Cataluña entre 1986 y 1996. Su abogado, Antonio Aluja, restó importancia a la resolución judicial y consideró que sólo es un trámite que "de modo alguno cuestiona la inocencia de mi cliente".

García Hoffman sostiene que su cliente se limitó a "realizar una gestión personal y no hay más prueba contra él que una conversación telefónica en la que se le reclama su intervención".