La guerra de las OPA hunde al Banco de Italia

Francesco Borrelli, el fiscal que dirigió la Operación Manos Limpias en la primera mitad de los noventa, considera que el problema de la "degeneración de las instituciones" italianas se ha reproducido de nuevo. Las consecuencias del escándalo que gira en torno al Banco de Italia son por el momento imprevisibles. Los sumarios abiertos por las presuntas irregularidades en las maniobras para bloquear las OPA extranjeras de BBVA y ABN Amro implican a una nueva generación de magnates inmobiliarios, como Stefano Ricucci; a banqueros emergentes, como Giampiero Fiorani y Emilio Gnutti (Popolare Italiana); a grupos financieros tradicionalmente vinculados a la izquierda, como la aseguradora Unipol, y, por encima de todo, destruyen la credibilidad del Banco de Italia.

Unipol contó con apoyo institucional para anunciar una OPA que arruinó la del BBVA

Los fiscales sospechan que Fazio proporcionó información privilegiada a un banco italiano

El gobernador Antonio Fazio y sus banqueros aliados alegan que las conversaciones telefónicas interceptadas por la policía pertenecen al secreto del sumario y no deberían haberse filtrado a la prensa. Resulta muy difícil, sin embargo, confiar en un gobernador que el 12 de julio, pasada la medianoche, llama a Fiorani, consejero delegado de Popolare, para decirle, antes de anunciarlo al mercado, que acaba de autorizar su contra-OPA frente a la del holandés ABN Amro (posible tráfico de información privilegiada). Y que lo ha hecho pese a la opinión contraria del propio consejo del banco central. Fiorani le responde: "Tonino, tengo la piel de gallina, te daría un beso en la frente".

Visto en retrospectiva, puede deducirse que Fazio apoyó a Fiorani en su lucha por hacerse con la Banca Antonveneta frente a ABN Amro porque Banca Popolare Italiana (antigua Lodi) estaba al borde del colapso. El gobernador pensó quizá que la única forma de salvar a su amigo Fiorani y a Popolare, un banco cuya calificación de solvencia era una de las más bajas registradas nunca por una entidad italiana (y eso, antes de que se descubriera que parte de su activo era, en realidad, deuda camuflada), pasaba por "regalarle" un banco tres veces mayor y con liquidez suficiente para camuflar los desaguisados contables.

El 22 de julio, BBVA y ABN Amro retiraron sus ofertas. La coalición italiana, encabezada por Unipol en BNL y por Popolare en Antonveneta, cantó victoria. Sin embargo, esta victoria se esfumó en poco tiempo. En el caso de Popolare, de forma dramática. La Consob (la comisión de valores que controla el mercado bursátil) ordenó el secuestro del 40% de las acciones de Antonveneta en manos de Popolare.

Fazio, que había autorizado personalmente la OPA de Popolare contra la opinión de sus consejeros, se sumó a regañadientes, días después, a la orden de secuestro. A esas alturas, las sospechas que la Consob había planteado ya en un informe de mayo parecían confirmadas por la Fiscalía de Milán: Fiorani y Popolare compraron de forma encubierta acciones de Antonveneta, concediendo créditos a testaferros, mucho antes de plantear la OPA, lo que vulneraba la ley bancaria. También se les acusa de utilizar la información privilegiada que les proporcionaba el propio gobernador Fazio.

Esta semana, Fiorani y su mano derecha Gnutti han sido inhabilitados por dos meses como directivos de Popolare, para evitar que manipulen pruebas del presunto fraude. Y la agencia de calificación de solvencia Moody's ha rebajado de C (suficiente) a D (inversión de riesgo) las acciones de Popolare.

La propiedad de Antonveneta, el objetivo frustrado de ABN Amro, queda en el aire y se abre la posibilidad de que, al final, los holandeses (que en este momento, tras el secuestro del paquete de Popolare, ostentan el control técnico del Consejo de Administración) ganen una batalla que consideraban perdida. También queda en el aire el futuro de Popolare, y en medios financieros se especula con la posibilidad de que el Banco de Italia deba colocar a un gestor de emergencia al frente de la entidad.

Fiorani fue ya convocado por el juez el jueves, pero se negó a comparecer alegando que no había dispuesto del tiempo y los elementos necesarios para preparar su defensa. También presentó recurso contra la inhabilitación, pero resultaba improbable, dadas las vacaciones judiciales, que la vista del recurso pudiera realizarse antes de mediados de septiembre.

Fazio no figura como imputado (al menos por el momento) en ninguno de los sumarios abiertos, aunque su prestigio y su credibilidad se han derrumbado. Sólo las circunstancias políticas le permiten mantenerse en el cargo: el Gobierno prefiere no destapar la crisis de su sucesión a pocos meses de las elecciones, y la oposición prefiere que Fazio caiga el año próximo, en la confianza de que para entonces habrá llegado al Gobierno y podrá elegir al nuevo gobernador. En cuanto a Ricucci, también inhabilitado por dos meses y sospechoso de delitos similares a los atribuidos a Fiorani, asegura que pese a todo mantendrá su empeño por dominar RCS y el Corriere della Sera.

El caso de BNL, el banco ambicionado por el BBVA, es distinto al de Antonveneta pero igualmente complejo y de final incierto. Los constructores romanos que constituían el llamado contrapacto dentro de BNL encontraron en la aseguradora cooperativa Unipol al caballero blanco que, armado con las acciones y los millones del contrapacto, se hizo con la mayoría del capital del banco y redujo a cero las posibilidades de la OPA del BBVA.

La iniciativa de Unipol, una entidad dirigida por Giovanni Consorte y muy bien relacionada con el presidente del Partido de los Demócratas de Izquierda (ex PCI), Massimo d'Alema, suscitó dudas desde el principio por la disparidad de tamaños: BNL vale 66.000 millones de euros, mientras las reservas de Unipol no llegan a 30.000 millones.

Ahora ha surgido un nuevo factor de incertidumbre, de tipo legal. El Código Civil italiano prohíbe a las empresas que efectúen operaciones que impliquen un cambio del objeto social recogido en sus estatutos. Unipol es una aseguradora y, si se quedara con BNL, se convertiría además en un banco.

Unipol había anunciado que el 12 de agosto entregaría a la Consob todos los documentos necesarios para respaldar la solidez y legalidad de su oferta sobre BNL, pero el jueves retrasó la fecha hasta el 17 de agosto, víspera de la fecha límite.

El hecho de haberse comprometido con los constructores del contrapacto (encabezados por Riccuci) a adquirir sus acciones de BNL a un precio de 2,9 euros, superior a los 2,7 euros ofrecidos al resto de los accionistas, plantea dudas adicionales sobre la viabilidad legal de la operación, para la que Unipol debe poner sobre la mesa 4.600 millones de euros en efectivo.