Las víctimas del incendio del Alto Tajo recibirán una indemnización de 18.000 euros, igual que las de 2004

La indemnización de 18.000 euros que el Consejo de Ministros fijó ayer por cada uno de los 11 fallecidos en el incendio forestal del Alto Tajo, es la misma que se aplicó en un decreto de 2004 para reparar los daños causados por incendios forestales e inundaciones ocurridas en Aragón, Cataluña, Andalucía, La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana.

Esta indemnización figura en el decreto que complementa las ayudas recogidas en el real decreto-ley refrendado el pasado jueves por el pleno extraordinario del Congreso. Además de esta compensación, se declara "zona rural deprimida" a los 13 municipios del Alto Tajo afectados por el incendio para que puedan beneficiarse de plan de Fomento de Empleo Agrario. También se extiende a los subsectores económicos vinculados a las explotaciones afectadas por los incendios las ayudas laborales y fiscales del decreto ley y se instalará el servicio de telefonía móvil

El Ministerio de Medio Ambiente destinará sendas partidas de 3 millones y 309.000 euros, respectivamente, para la restauración forestal de las zonas afectadas por los incendios registrados el año pasado en Berrocal-Río Tinto, en Huelva, y los términos municipales de Torroella de Montgrí y Ullá de Girona. También ha convocado un concurso por 90.000 euros para estudiar las motivaciones de lo incendios forestales intencionados en España.

Fiscales de Medio Ambiente

La Junta de Castilla-La Mancha se sumó ayer a la prohibición de usar y encender fuego en las zonas recreativas de su territorio. El inicio del fuego del Alto Tajo se atribuye a las brasas expandidas por el viento desde una de estas zonas, donde el fuego estaba permitido.

A raíz de este incendio, el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno castellano-manchego suscribirán un convenio por valor de 200.000 euros para determinar la estructura de la propiedad forestal, con especial referencia a los montes no catalogados de las entidades locales, los de sociedades de vecinos y otros montes singulares de esta región. Por otra parte, ya tiene el visto bueno del Gobierno el texto que modifica la ley de Montes de 2003 que prohibirá el cambio de uso del suelo de montes afectados por incendios durante 30 años. La reforma recoge la creación de un nuevo Fiscal de Sala para intervenir en los delitos contra la ordenación del territorio, el patrimonio histórico, el medio ambiente y los incendios forestales al que se adscribirá el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona).