Nuestro talón de Aquiles

El criminal ataque terrorista de Londres ha demostrado una vez más -como el 11-S en Nueva York, como el 11-M en Madrid- los límites del Estado nación en la era de la globalización y de la tecnología de masas. El protagonismo del Reino Unido en la absurda y contraproducente guerra de Irak era una excusa para el ataque del terrorismo global de raíz islamista radical y, si bien se esperaba el atentado, no se ha podido evitar.

Al mismo tiempo, en Escocia, se reunían los líderes de los países más poderosos de la Tierra, contra los que, con toda probabilidad y de manera simbólica, iban dirigidas las bombas, aunque la víctima fuera la población multicultural de Londres. Aquí también se han manifestado los límites de los diferentes Estados a la hora de afrontar los problemas de la agenda del G-8, si analizamos con rigor los resultados agridulces de la cumbre. Es cierto que en ella se ha explicitado la intención de duplicar la mísera ayuda a África y la condonación de la deuda a dieciocho países pobres, pero ha dejado incólume la mayor parte de la deuda africana, que sigue siendo una losa para el continente del hambre, del sida y de la muerte masiva de niños.

De otro lado, los intentos de meter a Bush en la senda de Kioto fueron inútiles a pesar de la influencia que se supone tiene Blair sobre el presidente de EE UU, con el cual el Reino Unido mantiene una "relación especial".

En esa semana trágica, la Unión Europea ha estado francamente ausente o muy en segundo plano. Blair ha oficiado más como primer ministro británico o como anfitrión del G-8 que como quien preside la Unión en este semestre. Europa no ha estado presente en sus discursos. Hay, además, un aspecto relevante que ha pasado desapercibido en la mayoría de los análisis sobre el 7-J, que es la atmósfera de crisis e incluso de puesta en cuestión de la propia "finalidad de la Unión" que se vive después de los noes de Francia y Holanda a la Constitución. Este rechazo, objetivamente, ha debilitado la posición política de la Unión Europea, imposibilitando que juegue un papel de interlocutor global en momentos de crisis. Porque, seamos sinceros, ninguno de los países europeos por separado es interlocutor idóneo a nivel mundial.

El Reino Unido es uno de los países menos proclives a una Europa federal. Blair -quizá el más europeísta de los dirigentes británicos- preferiría más una Europa mercantil con algunas (pocas) políticas comunes que una Europa política con un poder real en el espacio mundial; es decir, apostaría por una especie de "Estado liberal" tradicional a nivel continental (mercado único y coordinación policial y judicial), pero sin soberanía compartida en aspectos relevantes de la política exterior y de seguridad, de la economía y de la cohesión social.

Sin embargo, paradojas del destino, en sólo 48 horas, el ataque sufrido por Londres, y las dificultades para lograr un acuerdo satisfactorio para hacer frente, de una vez, al drama de África y a la amenaza climática, han puesto frente a los ojos de todos, incluido el primer ministro británico, una realidad que ya no se puede negar: un país sólo, los países europeos cada uno por su lado, no puede combatir eficazmente, ni resolver ninguno de los grandes problemas que tenemos en este inquietante inicio del siglo XXI: la violencia, el hambre, las epidemias y la catástrofe ecológica. No sólo eso. No pueden combatir tampoco el crimen organizado, el tráfico ilegal de seres humanos, la deslocalización de empresas, el tráfico de drogas o de armas, los conflictos internacionales, la eterna crisis en Oriente Medio, etc. Ni siquiera los jueces y las policías pueden coordinarse y trabajar juntas de verdad si no hay un poder político que las impulse.

Es curioso que tengamos precisamente ahora una situación de impasse en la Unión Europea, a causa de las dificultades en la aprobación de la Constitución -que después del sí de Luxemburgo ha obtenido algún respiro- cuando más necesitaríamos que estuviera en forma y avanzando. Es curioso, decimos, porque esa Constitución pretende poner a Europa en mejores condiciones para afrontar los anteriores retos. Es inviable afrontar los grandes problemas del siglo XXI si Europa sigue siendo incapaz de convertirse en un actor político global, por la sencilla razón de que todos esos retos son globales. Y precisamente esa Constitución que algunos han rechazado, y les gustaría ver enterrada, es el primer paso, imprescindible, para no seguir moviéndonos en el terreno de una cierta irrelevancia por no decir impotencia. Una muestra de ello es la reciente decisión del Tribunal Constitucional alemán de suspender la aplicación de la euroorden y, por tanto, impedir la extradición a España de una persona acusada de terrorismo. Con una Constitución europea vigente, ese revés para la lucha contra el terrorismo, con toda seguridad, no hubiera sucedido.

Está claro que el talón de Aquiles de los europeos es la ausencia de unidad política, necesaria para actuar con una sola voz y con la contundencia precisa para que nuestros intereses y nuestras propuestas avancen, y puedan equilibrar posiciones a veces divergentes o en competencia con otras potencias. No hay nada peor en estos temas que ir a remolque de los intereses de otros.

Así pues, los días 7 y 8 de julio han puesto ante nosotros, de forma brutal, lo que debe ser el centro del debate de Europa, que no es otro que cómo hacer la unidad, no sólo económica, sino política, del continente. Sin esa unidad, la Unión Europea no podrá llevar a la práctica las políticas propias y coherentes que la conviertan en el interlocutor que la cumbre del G-8 ha mostrado que aún no es. El propio espacio económico y monetario (euro), construido con tanto esfuerzo, no solamente no avanzará, sino que puede retroceder y, como se puso de relieve en el último Consejo Europeo, volverán los conflictos y luchas de unos contra otros; o sea, las ya conocidas y viejas querellas de naciones contra naciones.

Los desafíos que plantea la urgente prevención del terrorismo, la seguridad colectiva, la cooperación contra la pobreza y un medio ambiente que permita que la vida en el planeta esté garantizada, requieren una respuesta inmediata sobre la articulación y la identidad plural de Europa, que la convierta en una potencia relevante que sea líder en Naciones Unidas, en iniciativas como la alianza de civilizaciones frente el choque de las mismas, que es donde estamos; que pueda defender y ampliar sus valores sociales solidarios y multinacionales, y sea capaz de extender -no restringir- la democracia y los derechos humanos en el mundo. Porque es falsa la contraposición que se está planteando en el debate público entre seguridad y libertad. Cuando se pre-dica recortar ésta para garantizar mejor aquélla, se está cediendo ante el terror y ocultando la insuficiencia de la colaboración dentro de la UE, y la incapacidad de los gobernantes que se dedican a tomar medidas efectistas para tranquilizar a la gente cuando saben que la mayoría de esas decisiones sirven para poco. El desenfoque ante el atentado ha llegado hasta el punto de que algunos han decidido dejar en suspenso el Tratado de Schengen, que crea el espacio sin fronteras, como si el problema fuesen éstas en la era de Internet. En todo caso, la UE no puede paralizarse. Hay que convertir el periodo de reflexión que los jefes de Estado y de Gobierno han abierto -el debate de Europa- en un momento de cooperación más estrecha entre los 25 y en un proceso para conseguir la unidad de acción que necesitamos. Sería ingenuo pensar que la unión de Europa acabará por sí misma con todos los males, pero lo que es seguro es que sin esa unión es poco realista ni tan siquiera pretender afrontarlos con eficacia. Nos urge, por lo tanto, que entre en vigor, cuanto antes, la columna vertebral de la Constitución (valores, objetivos, competencias, instituciones, derechos). Son los instrumentos que permitirán abordar en profundidad nuestros grandes desafíos. En ese proceso, el Gobierno de España puede y debe aportar un liderazgo, junto a otros, para el que el pueblo lo ha legitimado, en elecciones y en referéndum. Ésa será la mejor forma de responder al 11-M y al 7-J.

Diego López Garrido es secretario general del Grupo Parlamentario del PSOE; Nicolás Sartorius es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, y Carlos Carnero es eurodiputado socialista