Preparando los PGE 2006

A finales de septiembre el Gobierno presentará, como manda la ley, el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2006 (PGE-2006). Hasta entonces no tendremos el detalle de las cifras, pero desde que, a primeros de junio, el Gobierno presentó en el Congreso el techo de gasto del Estado para 2006, se van conociendo sus intenciones en materia de política fiscal. Los datos oficiales, u oficiosos, disponibles podemos resumirlos en los siguientes puntos: el Gobierno renueva su compromiso con la estabilidad presupuestaria y propone pasar de un superávit para el conjunto de las AAPP del 0,1% del PIB en 2005 al 0,2% en 2006; esta mejora de una décima provendría del Estado, cuyo déficit se reduciría desde el 0,5% en 2005 al 0,4% en 2006, mientras que el resto de las AAPP se mantendría sin cambios (déficit del 0,1% del PIB para las administraciones territoriales y superávit del 0,7% para la Seguridad Social); el techo de gasto del Estado para 2006 es un 7,6% superior al del año en curso, y se prevé que los ingresos aumenten un 9%; el cuadro macroeconómico en el que se inscriben estos objetivos no se conoce todavía, pero hemos leído en la prensa que se considera un crecimiento del PIB del 3,2-3,4% en términos reales y del 6,6% al añadir el aumento de los precios.

Podríamos decir que el sector público se ha sumado a la fiesta del sector privado

De todo lo anterior se deduce que poco va a cambiar la orientación de la política fiscal respecto a lo que estamos viendo en los últimos años con Gobiernos distintos: las AAPP se encuentran con unos ingresos que crecen notablemente por encima del PIB y de lo previsto en sus presupuestos (como muestra, ahí están los datos del Estado hasta junio) y con una constante disminución de los pagos por intereses de la deuda; el amplio margen que da todo esto se dedica a aumentar el gasto público, excluidos intereses, notablemente por encima del PIB (y aún así algunas CC AA dicen que tienen déficit porque no pueden hacer frente a los gastos sanitarios). Este gasto genera mucho empleo público, con lo que todo parece ir sobre ruedas. Este comportamiento del sector público no es sino el reflejo del patrón general de la economía española basado en un exceso de gasto y que tanto se viene criticando como insostenible. Podríamos decir que el sector público se ha sumado a la fiesta del sector privado.

Ahora bien, el sector público no puede sumarse a la fiesta, ya que su papel es vigilar que la fiesta no acabe de mala manera, es decir, debe ejercer su papel de estabilizador de la economía. A este respecto, algunos economistas y muchos políticos aducen que lo apropiado para la actual coyuntura española es que la política fiscal sea neutra, es decir, más o menos como la que se está practicando, debido a que el output gap, es decir, la diferencia entre el PIB observado y el potencial o tendencial, está cercano a cero (véase gráfico derecho) y, por tanto, la economía no corre peligro de recalentarse. Yo opino que este concepto de output gap no sirve (el diferencial de inflación con la zona euro y el elevado déficit de la balanza de pagos nos indican que nuestra economía está bastante escorada), y por ello propongo un nuevo concepto, el demand gap, que refleja la desviación de la demanda interna respecto al PIB potencial o tendencial. En el gráfico se ve que el demand gap se desvía por arriba más de ocho puntos porcentuales respecto a la senda de equilibrio que le marcaría el PIB tendencial, lo que apoya la necesidad de una política fiscal restrictiva. Digamos que para el año próximo se debería contemplar un superávit del orden de un punto porcentual del PIB.

Ángel Laborda es director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).