Catástrofes comparadas

LOS DESAGRADABLES INCIDENTES producidos el pasado miércoles en la Diputación Permanente del Congreso, tras el rechazo por el PSOE y otros grupos parlamentarios de la petición del PP para que compareciese la vicepresidenta Fernández de la Vega e informase sobre el devastador incendio de Guadalajara dan un escandaloso carácter público al pésimo estado de las relaciones entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Socialistas y populares tendrían buenas razones, sin embargo, para acordar en su propio interés un código de conducta que fuese respetado por ambos cualquiera que fuese el vencedor y el derrotado en las urnas. Los dos partidos suman una abrumadora mayoría de escaños y están llamados a sucederse en el ejercicio del poder -con independencia de la duración de los periodos- como piezas básicas del mecanismo de la alternancia.

El PP establece un paralelismo entre el naufragio del 'Prestige' y el fuego que ha devorado miles de hectáreas de bosque en Guadalajara y ha causado la muerte de 11 personas

Bajo el mandato de Aznar, la megalómana tendencia del presidente del Gobierno a identificarse con el Estado y con España le hizo olvidar que la minoría de hoy puede ser mayoría mañana; la estrategia de convertir al Ejecutivo en la oposición de la oposición invierte la lógica del régimen parlamentario y dificulta las tareas de control y de vigilancia indispensables para el sistema democrático. Como principal fuerza de la oposición, el PP no guarda ahora, sin embargo, los cánones de cortesía y de colaboración exigidos de malos modos a los socialistas entre 1996 y 2004; se diría que la única directriz de los populares es responsabilizar al Gobierno de todas las desgracias imaginables y negarle cualquier mérito posible. Los dirigentes populares se carcajearon de los líderes del PSOE -llamándoles pancarteros- por su participación en las movilizaciones contra la guerra de Irak; ahora apadrinan cualquier protesta y se lanzan a la calle con el entusiasmo de los conversos. Y el mismo Aznar que acusó de deslealtad antipatriótica a Zapatero por viajar a Marruecos sin su permiso se dedica ahora a condenar en Estados Unidos la política exterior del Gobierno y anuncia un viaje a Tinduf en solidaridad con el Frente Polisario.

Con la mirada vuelta hacia el pasado, el PP continúa hurgando en la herida electoral del 14-M para restar legitimidad a la victoria del PSOE en las urnas. Ni siquiera las clamorosas semejanzas entre la masacre del 11-M y el atentado del 7-J han convencido a los dirigentes populares de que la autoría de los trenes de la muerte debe imputarse exclusivamente al terrorismo islamista. Pasando de puntillas sobre las analogías entre los dos crímenes, la reduccionista lectura en clave española del 7-J realizada por el PP magnifica las diferencias con el 11-M a fin de mantener vivas las descabelladas conjeturas conspirativas defendidas en la comisión de investigación sobre la participación de ETA y los servicios secretos marroquíes -ayudados por supuestos cómplices de los cuerpos de seguridad españoles- en el atentado de Madrid.

El devastador incendio en el Alto Tajo también ha sido relacionado artificiosamente por el PP con el pasado, como si la muerte de las 11 personas y el desastre ecológico no tuviesen identidad propia capaz de provocar a la vez la piedad y la crítica. Porque la forzada comparación entre los efectos devastadores del fuego y la marea negra causada por el naufragio del Prestige no puede servir de consuelo a los afectados por esas dos catástrofes. El paralelismo pretende devolver a la Junta de Castilla-La Mancha y al Gobierno de Zapatero las onerosas facturas pagadas por la Xunta de Galicia y el Ejecutivo de Aznar en noviembre de 2002: ese superfluo recordatorio únicamente revela la mala conciencia de los populares por su deficiente gestión en la crisis del hundimiento del petrolero cuando ejercían el gobierno. Para cumplir sus funciones como oposición, al PP le habría bastado simplemente con pedir la constitución de una comisión parlamentaria encargada de investigar los eventuales fallos de las administraciones autonómica y central en este incendio y de recomendar las medidas oportunas a fin de impedir que se repita ese tipo de tragedias.