Sólo el 10% de las propuestas ciudadanas al Estatut plantean la identidad de Cataluña como nación

La Generalitat ha recibido en el último año cerca de 22.000 aportaciones por escrito de ciudadanos y entidades para la elaboración del nuevo Estatut. Dentro de este proceso participativo, el 50% de las propuestas se han referido al ámbito de los derechos y deberes de los ciudadanos, el 20% a la financiación de la Generalitat y el 10% a las competencias de la Administración catalana. El refuerzo de la identidad de Cataluña como nación sólo ha sido objeto del 10% de las aportaciones ciudadanas según un informe del Departamento de Relaciones Institucionales.

A juzgar por los resultados del informe presentado ayer por el consejero Joan Saura, responsable del proceso de participación ciudadana para la elaboración del Estatuto, la cuestión de los símbolos no se halla entre las principales preocupaciónes de la población. Así lo defendió ayer Saura, quien explicó que las peticiones ciudadanas reflejan sobre todo "la necesidad de que el nuevo Estatut defina un Estado de derecho y de bienestar potente", dejando en segundo plano otros aspectos.

Según se desprende del número de propuestas recibidas en cada ámbito, los temas menos prioritarios para los ciudadanos son los referidos a las competencias y al funcionamiento de las administraciones (10% del total) y a la definición de Cataluña como "nación" (10%), dos temas que, sin embargo, han centrado buena parte de los 18 meses de negociaciones de la ponencia que redacta el Estatut.

La Generalitat calcula que más de 100.000 personas han participado en este proceso, en el que han colaborado más de 400 entidades y asociaciones, con las que se han mantenido más de 175 reuniones y diversas jornadas temáticas.

Estas entidades, entre las que se encuentran la mayoría de colegios profesionales, sindicatos, universidades, asociaciones culturales, entidades de colectivos más desfavorecidos y asociaciones defensoras de los derechos humanos han presentado unas 100 propuestas para el nuevo Estatut. Saura destacó: "ninguna de las grandes cuestiones abordadas por estas entidades ha quedado fuera del texto, como son la defensa de los derechos de los mayores, las mujeres, los discapacitados, los inmigrantes o los jóvenes".

En todo el proceso de redacción del Estatuto los tres partidos de izquierda han querido dar especial importancia a la inclusión de un detallado capítulo de derechos y deberes de los ciudadanos. Hasta 22 artículos del borrador aprobado en ponencia se refieren a este apartado y en él se detallan aspectos como el derecho a "morir con dignidad", a ser atendidos "en condiciones de gratuidad e igualdad" en los servicios sanitarios públicos o a acceder a una "vivienda digna".

El detalle de algunos de estos derechos ha generado serios desencuentros entre los grupos del tripartito y los de la oposición, pues ni Convergència i Unió ni el Partido Popular consideraban conveniente reflejarlos en el Estatut. Durante la última semana el PP ha acusado al tripartito de querer utilizar el capítulo de derechos y deberes para convertir el Estatuto en un texto "de izquierdas" entre otros motivos por definir en él a la escuela pública como "laica". Esta definición, que tampoco toleran los nacionalistas de Convergència i Unió, será objeto de negociaciones a todos los niveles a lo largo de esta semana con el objetivo de alcanzar el consenso.

En cualquier caso, Joan Saura se esforzó ayer en dejar claro que muchos de los artículos del Estatut son traducciones de demandas ciudadanas y que éstas se verán "claramente reflejadas" en el texto que acabe llegando al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva. "Sin las aportaciones de los ciudadanos este Estatuto no sería igual, pues los expertos no lo saben todo", dijo el consejero.