El PSOE exige responsabilidades políticas al PP por su gestión en la Zona Franca de Cádiz

El PSOE cree que deben buscarse responsabilidades políticas tras conocerse el informe de la Abogacía del Estado, en el que insta a la Zona Franca de Cádiz a querellarse contra los dos ex delegados del PP, Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, por los contratos millonarios e irregulares de la red informática Rilco. "Tienen que responder aquellos que les dieron la confianza, los nombraron y los sostuvieron políticamente", dijo ayer el portavoz socialista en el Ayuntamiento gaditano, Rafael Román. El PP salió ayer en defensa de Osuna y arremetió contra el actual delegado, José de Mier (PSOE), al que pidió la dimisión por "amañar" el informe en el que se basa la Abogacía del Estado.

El documento de la Abogacía pone de relieve las numerosas irregularidades que reunió la puesta en marcha de la sociedad Rilco a través de contratos suscritos con las empresas Miami Free Zone y Telvent con el objetivo de impulsar un portal informático de comercio electrónico internacional. Las deficiencias son detectadas desde la propia adjudicación, cuando Miami Free Zone ganó el concurso público a pesar de que incumplía numerosos puntos del pliego de condiciones. Se adjudicó un segundo contrato, en apenas 17 días, para ampliar el proyecto a Telvent.

Según la Abogacía, Miami Free Zone fue una empresa ficticia, que no llegó a realizar prestación alguna. Se llegó a pagar 6,8 millones de euros por un material informático que, según un peritaje de la Universidad de Sevilla, apenas costaba 1,9 millones de euros.

Esas adjudicaciones se realizaron entre diciembre de 2000 y enero de 2001, cuanto era delegado Rodríguez de Castro. La Abogacía insta a la Zona Franca a querellarse contra él al apreciar en su gestión indicios de apropiación indebida, delito societario, prevaricación, fraude, malversación de fondos públicos y exacciones ilegales. También propone actuar penalmente contra los responsables de Miami Free Zone y Telvent y contra el sucesor de Rodríguez de Castro, Miguel Osuna, porque, aunque investigó y descubrió los incumplimientos, no actuó y autorizó los últimos pagos. En la labor de Miguel Osuna, se detecta un posible delito societario.

Para el portavoz del PSOE, Rafael Román, el relato de los hechos del informe pone al descubierto "una maquinaria para defraudar a gran escala". Recordó que "Rodríguez de Castro dio un contrato a una empresa que no existe y Osuna no hizo nada para corregirlo" y lamentó que la presidenta del Consorcio de la Zona Franca y alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez (PP) tampoco interviniera. Según Román este caso debe tener "repercusiones políticas" entre los que designaron y dieron la confianza a estos delegados "porque tiraron el dinero público en la ciudad y la provincia con más paro". Román recordó ayer que pedirá en el próximo pleno municipal al PP que sustituya a sus dos representantes en el comité ejecutivo de la Zona Franca.

El PP obvió ayer el contenido del informe de la Abogacía del Estado para centrarse en descalificar el peritaje realizado por la Universidad de Sevilla sobre Rilco. Este informe es el que valora el material informático en 1,9 millones de euros. En un comunicado emitido ayer, el PP lo rechaza porque "no tiene en cuenta los efectos en el precio de la burbuja tecnológica". Los populares defienden la viabilidad de la red informática y las empresas Miami Free Zone, "experta en comercio electrónico" y Telvent, "participada por la prestigiosa Abengoa".

Los consejeros del PP en la Zona Franca pedirán el próximo miércoles, en el pleno del comité ejecutivo, donde se debatirá el informe de la Abogacía del Estado, la dimisión del actual delegado José de Mier, al que acusan directamente de haber "amañado" los documentos.

En su opinión, el PSOE ha atacado a Rilco para poder justificar su campaña contra Miguel Osuna, cuya gestión el PP sigue defendiendo. "El PSOE está actuando como si fuera la Inquisición quemando a los que consideran una amenaza sin darle opción a su defensa".