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Los partidos presentan cerca de 600 enmiendas al Estatuto catalán

Los desacuerdos en ocho grandes asuntos dificultan el consenso

A falta de nueve días para la votación del nuevo Estatuto de Cataluña en comisión parlamentaria, las fuerzas políticas catalanas mantienen ocho grandes puntos de desacuerdo que, de persistir en la votación en pleno prevista para septiembre, impedirían la aprobación del texto. Cuando hoy finalice el periodo de enmiendas, el actual borrador de Estatuto habrá cosechado cerca de 600 de todos los partidos.

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El Estatuto puede ser aprobado en comisión parlamentaria con los votos de los grupos que integran el tripartito (PSC-ERC-ICV). Sin embargo, la votación final en el pleno requerirá el apoyo de dos tercios de la Cámara catalana (90 diputados), lo que convierte a CiU, con sus 42 votos, en árbitro de la situación. De producirse hoy esta votación, ocho grandes aspectos del Estatuto no contarían con la mayoría requerida.

Cuando hoy cierre el Registro del Parlamento de Cataluña, los cinco grupos habrán presentado cerca de 600 enmiendas al actual borrador estatutario. Éstas ponen en evidencia las fuertes discrepancias, pero también suponen una herramienta para negociar las últimas diferencias. El PP, además de la única enmienda a la totalidad, presentó ayer 382 enmiendas parciales; CiU presentará hoy otras 130; el PSC, alrededor de 80; ERC e ICV-EUiA, medio centenar cada formación.

La financiación encabeza esta larga lista. Seis reuniones de las delegaciones de CiU y del tripartito no han sido suficientes para lograr una postura común en torno al modelo de financiación de la Generalitat. Los nacionalistas de CiU mantienen invariable su propuesta de concierto económico mientras el tripartito defiende un modelo en el que Cataluña, a través de una agencia tributaria propia, recaude todos los impuestos y ceda al Estado hasta el 50% de la recaudación total. Tras la suspensión de la última reunión, los partidos no prevén un acuerdo en este punto hasta mediados de septiembre, justo antes de la votación final del Estatuto en el Pleno del Parlamento.

La transferencia de competencias del Estado a Cataluña mediante el artículo 150.2 de la Constitución también enfrenta al PSC y a CiU, aunque aquí los nacionalistas cuentan con el apoyo de Esquerra Republicana en su petición de utilizar este método para lograr hasta 12 nuevas competencias. Los socialistas sólo quieren utilizar esta vía para reclamar tres competencias e ICV, ocho.

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La reforma de leyes orgánicas a partir del Estatuto tampoco genera consenso. Mientras los socialistas son contrarios a que el nuevo Estatuto explicite la necesidad de modificar ninguna ley orgánica, CiU y ERC defienden que ello figure en una disposición adicional.

Donde el tripartito sí mantiene una posición común frente a CiU es en la fórmula para blindar las competencias exclusivas de la Generalitat y en el modelo de organización territorial de Cataluña, así como en la defensa de la laicidad de la enseñanza pública.

En el terreno de los símbolos, el derecho a la autodeterminación también genera no pocos desencuentros. De momento, sólo ERC aboga abiertamente por incluir este derecho en el preámbulo del Estatuto. CiU también lo está estudiando, aunque no se enrocará en esta posición porque el texto ya reconoce a Cataluña como una "nación" y puede incluir una apelación a sus "derechos históricos".

El primer consejero de la Generalitat, el republicano Josep Bargalló, también admitió ayer que ERC no hará de la autodeterminación una condición sine qua non para aprobar el texto. En declaraciones a la cadena SER, Bargalló recordó que el reconocimiento de este derecho forma parte de la "ideología" de Esquerra Republicana, pero que su partido podría renunciar a explicitar este derecho en el Estatuto porque ERC "prioriza el país por encima del partido".

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, rechazó de plano la petición de autodeterminación de ERC y se mostró su confianza en que en Cataluña "habrá una mayoría parlamentaria que no lo va a compartir". Sevilla dijo interpretar la petición de los republicanos más como una "declaración de intenciones" que como una "exigencia".

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