El PSOE de Aznalcázar denuncia en la Fiscalía "tráfico de influencias" de una concejal del PA

El grupo socialista del Ayuntamiento de Aznalcázar (Sevilla, 3.850 habitantes) denunció ayer un presunto caso de "tráfico de influencias" cometido por una edil del PA en la localidad, Ana Isabel Sánchez Romero. Según la portavoz del PSOE, Dolores Escalona, el gobierno municipal, aprobó en marzo un convenio urbanístico con la empresa Benalija, SL, para recalificar para uso residencial y comercial una finca de cinco hectáreas propiedad de la familia de la concejala andalucista. Estos terrenos estaban previstos antes del cambio para acoger "ferias y servicios".

Según afirmó Escalona, los padres, tíos y un hermano de Sánchez Romero adquirieron el solar por unos 480.000 euros a los pocos meses de que la edil llegara al gobierno y cuando las normas urbanísticas del pueblo destinaban estos terrenos a "ferias y servicios" y no le otorgaban aprovechamiento urbanístico.

La finca Escamillas era una antigua huerta de naranjas a la que el Ayuntamiento de Aznalcázar (3.850 habitantes) barajaba trasladar la feria de la localidad. Según el planeamiento vigente, el solar no tenía aprovechamiento urbanístico. Para el PSOE municipal, la documentación que llevó ayer a la Fiscalía hace suponer que la familia de la edil del PA tenía "información privilegiada" cuando compró este terreno en octubre de 2003, cuatro meses después de que Sánchez Romero llegara al gobierno municipal. "¿Quién compra un suelo destinado a ferias y que en las normas subsidiarias consta que no se puede construir y que se iba a expropiar?", señaló ayer Escalona durante una comparecencia en la sede del PSOE de Sevilla.

El PP y el PA firmaron tras las elecciones de mayo de 2003 un pacto para turnarse en la Alcaldía. Hasta hace un mes, ésta recayó en el andalucista Juan Gómez Marcelo con el apoyo de Sánchez Romero, cuatro ediles del PP y uno del partido independiente ASIA. El documento de Avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado en diciembre de 2004, recoge ya el uso residencial y terciario de los terrenos. En la documentación solicitada por el PSOE en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor en abril de este año aparecen como propietarios de los suelos los padres, dos tíos y un hermano de la edil andalucista, sin embargo, el Ayuntamiento aprobó en marzo un convenio urbanístico con la empresa constructora Benalija SL en el que se recoge que ésta sociedad es la propietaria, "pendiente de inscripción", de los terrenos.

El convenio prevé la construcción de 172 viviendas de renta libre. El documento prevé tanto casas unifamiliares como bloques con locales comerciales. Al no estar aún registrada Benalija como dueña del terreno, los socialistas no conocen el dinero ingresado por la familia de la edil con la venta de los suelos. Según Escalona, esta sociedad se creó "tres o cuatro" meses antes de que se firmara el convenio, pero, según la portavoz socialista, la empresa no está vinculada con la familia de la edil del PA.

El que hasta hace un mes fue alcalde de Aznalcázar, Juan Gómez Marcelo, aseguró ayer que un documento elaborado por los socialistas en el anterior mandato, cuando gobernaban en el municipio, contemplan ya la recalificación de la finca Escamillas como terreno urbanizable. El concejal andalucista aseguró, en declaraciones a Europa Press, que Sánchez Romero, encargada de la Concejalía de Cultura, Fiestas Mayores y Asuntos Sociales, "ni tiene competencias ni sabe nada sobre urbanismo. Para el ex alcalde, la denuncia del PSOE obedece a "una represalia" ante la ruptura del "posible principio de acuerdo" que, según dijo, tenían los socialistas con el concejal independiente de ASIA para romper el actual gobierno.

La portavoz del PSOE pidió ayer la dimisión de los dos concejales del PA así como del delegado municipal de Urbanismo, el popular José Antonio Vaquero Zurita. Escalona denunció también que el nuevo PGOU prevé un crecimiento del 800% en el número de viviendas de Aznalcázar. Los convenios urbanísticos firmados entre el gobierno municipal y propietarios de suelo contemplan la construcción de 10.000 nuevas viviendas, frente a las 1.400 que hay ahora. Según Escalona, quien criticó el "urbanismo a la carta" del Ayuntamiento, el nuevo plan crea "tres poblaciones" con alrededor de 1.500 habitantes cada una.