Peligrosa senda fiscal

A partir del 1 de enero de 2006, los madrileños no tendrán que pagar impuestos por las donaciones que hagan a favor de sus hijos, cónyuges o parejas de hecho. Desde la Comunidad de Madrid, su presidenta defiende la eliminación de este tributo porque "se podrá garantizar la continuidad de los negocios de los pequeños y medianos empresarios, porque en vida los padres podrán organizarse para supervisar la labor de sus hijos, que ya se convierten en propietarios sin tener que pagar hasta el 34% en impuestos, tal y como sucede con la normativa actual". Esperanza Aguirre coincide plenamente con las reivindicaciones fiscales de la CEOE, que considera que la existencia de este impuesto es una de las principales causas de mortandad de las empresas familiares.

Es cierto que el impuesto sobre donaciones no existe en la mayor parte de los países europeos, aunque en Francia aún se paga más que en España; también que muchos expertos recomiendan reajustar sus tipos actuales. Pero asimismo es verdad que eliminarlo, aunque sólo sea para familiares directos, es la puerta falsa que elimina el impuesto de sucesiones. Si donar en vida es gratuito, no tiene sentido tributar mortis causa. El PP apoya esta idea y ha anunciado su intención, para todas las comunidades autónomas que gobierna, de reducir en un 50% el impuesto de sucesiones en 2006 y eliminarlo definitivamente en 2007.

La eliminación del impuesto de sucesiones es un acto tributario discutible. Porque en una sociedad fiscalmente equilibrada debe mantenerse el mensaje de que las herencias también tributan. Además, inicia el camino intelectual para reducir o eliminar el impuesto sobre el patrimonio (que sólo existe en Luxemburgo, Francia, Finlandia y Suecia). En los planes de Esperanza Aguirre para 2006 está latente esta posibilidad. Si se confirman tales intenciones, estaríamos ante una vía de desactivación fiscal muy cómoda para los ciudadanos con más recursos, pero que contribuiría a desvertebrar pilares sociales tan sólidos como la equidad tributaria, vaciaría parte de las arcas de las comunidades autónomas y animaría a una auténtica batalla campal tributaria entre regiones para ver "quién da más" o cobra menos.