Balanzas fiscales: el todo por la parte

HAY MULTITUD de debates sobre el futuro sistema de financiación autonómica. Y continuarán al menos mientras se celebre la conferencia de presidentes de las comunidades autónomas con el presidente del Gobierno, después del verano. Muchas de las polémicas -por ejemplo, sobre el concepto de nación- son meros nominalismos que ocultan el conflicto de intereses económicos y los juegos de posiciones que conllevan las reformas estatutarias.

Una de las bazas que se están jugando en este debate tiene por objeto los propios datos. Por ejemplo, el consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, Antoni Castells, denunciaba recientemente el ocultamiento de las cifras, la opacidad en los mecanismos de solidaridad. Para Castells, esos mecanismos son implícitos: existen, pero no se saben y, por consiguiente, alimentan todo tipo de agravios comunitarios; no sólo no se reconoce la solidaridad de algunos ciudadanos sobre otros, sino todo lo contrario: se dan falsas acusaciones de insolidaridad.

Es imposible hacer un debate político serio sobre la financiación autonómica ante la disparidad metodológica con que se proporcionan los saldos fiscales. Datos y percepciones son distintos

En este punto llegamos al concepto de las balanzas fiscales de las comunidades autónomas. Éstas son un instrumento de información económica en el que se explicitan los flujos fiscales que han tenido lugar entre una comunidad autónoma y el resto de la nación en un periodo de tiempo determinado. Permiten analizar el impacto redistributivo regional de la actividad financiera del Gobierno central y la función redistributiva que desempeñan las distintas regiones. El dato más característico que proporciona una balanza fiscal es el saldo fiscal regional, consistente en la diferencia entre los beneficios obtenidos y los costes soportados por cada región; ello permite la caracterización de una comunidad autónoma como contribuyente o como beneficiaria neta del entramado nacional de flujos fiscales.

Si ello es tan neto, ¿cómo no se dispone de un sistema consensuado de balanzas fiscales que permita objetivar el problema? A principios de año, visto el desorden que se estaba organizando, el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, ordenó la creación de un comité de expertos, siguiendo un encargo del Congreso de los Diputados, para fijar la metodología de elaboración de las balanzas fiscales.

El primer problema está en esta metodología. Según datos proporcionados por algunos de los expertos que forman parte de ese comité (Ezequiel Uriel, de la Universidad de Valencia, o Ramón Barberán, de la Universidad de Zaragoza), que participaron la pasada semana en un curso sobre financiación autonómica organizado por la Fundación BBVA y la Escuela de Periodismo UAM / EL PAÍS, existen al menos 34 estudios sobre balanzas fiscales cuyos resultados arrojan grandes disparidades debido a las distintas metodologías utilizadas. Las principales diferencias se dan en la selección de ingresos y gastos a imputar, y en la selección de los criterios de imputación territorial de esos ingresos y gastos. "No se puede hacer un debate político serio con tanta heterogeneidad metodológica", dijeron.

Las balanzas fiscales no se elaboran, al contrario de lo que han declarado algunos propagadores de ruidos, para los territorios, sino para los ciudadanos de esos territorios. Una balanza fiscal hace más transparente la actuación del sector público y facilita el control democrático. Pero -y aquí viene un segundo problema- no son el único instrumento válido para evaluar el sistema de financiación autonómica, porque no incorporan el conjunto de flujos interregionales ni los efectos a que dan lugar las distintas reglas del juego territoriales. Según Barberán, hacer un uso absoluto de las balanzas fiscales implicaría "confundir la parte con el todo".

Pese a las limitaciones citadas, homogeneizar la elaboración de las balanzas, para que éstas puedan ser utilizadas como elementos de información objetiva y no como armas de destrucción masiva entre las comunidades autónomas, y entre éstas y la Administración central, es un elemento público de primer orden. Para que no vuelvan a repetirse las polémicas estériles que impiden pasar de la primera fase de la discusión: la metodología de la misma.