El Consejo de Europa insta a España a prohibir el castigo físico a los niños en casa

"Me gustan mucho mis derechos. El derecho que me gusta más es el de no recibir capones de mis padres si me porto mal o bien". Esto es lo que dijo un niño español de 12 años cuando se le preguntó por el castigo físico en un estudio promovido por la ONG Save the Children. Sólo tres de cada 10 niños europeos viven en países que prohíben expresamente el castigo físico, según Naciones Unidas. Los españoles no están entre ellos.

Aunque los menores se encuentran protegidos contra la violencia por el Código Penal como todas las personas, el artículo 154 del Código Civil establece que "los padres podrán (...) corregir razonable y moderadamente a los hijos". La naturaleza de esa corrección está indeterminada, según los expertos consultados, así que un juez podría interpretar que el uso del castigo físico puede ser "razonable". "Ese tipo de contradicción permite abusos y nadie los controla, porque la mayoría de esos castigos no llega a la muerte", dice Paulo Pinheiro, el experto encargado del primer estudio contra la violencia infantil que elabora la ONU.

El 52,2% de los españoles justifica dar un bofetón o un azote a su hijo algunas veces

"Golpear a un niño puede dañar su autoestima, le victimiza, le produce soledad"

Así lo contemplan también los organismos internacionales que luchan por erradicar la violencia contra los niños. Incluyen a España en la lista de países que, pese a que han ratificado la Convención de los Derechos del Niño, aprobada en 1989, no protegen a los menores en todos los ámbitos. El trato violento está perseguido en España en las instituciones y en los colegios, pero no explícitamente en su casa.

Una declaración aprobada la semana pasada en Ljubliana (Eslovenia) en una conferencia internacional convocada por la ONU y el Consejo de Europa, instó a los países a "aprobar, enmendar o revocar todas las leyes nacionales que sean necesarias para prohibir todas las formas de violencia contra los niños, incluidos el castigo corporal y el tratamiento humillante, y tomar todas las medidas necesarias para prevenir y sancionar esas ofensas contra los niños".

No se trata de la primera advertencia. El Consejo de Europa (46 países), ya había instado hace 11 años a España a que reformase el artículo 154 del Código Civil. En 2002, el Comité de los Derechos del Niño del organismo indicaba que lamentaba "profundamente que el artículo 154 no haya sido revisado", y reiteraba al Gobierno la petición de prohibir todas las formas de violencia, incluido el castigo corporal, además de impulsar campañas de concienciación y promover formas alternativas de disciplina. En abril de 2005, el Comité de Ministros del Consejo de Europa recordó que la Carta Social Europea requiere una prohibición legislativa contra cualquier forma de violencia hacia los niños.

El encuentro de Eslovenia, celebrado entre los días 5 y 7 de julio, convocó a 500 expertos de Europa y Asia Central para analizar la situación de la violencia contra los niños en la zona y cooperar en la realización del primer estudio mundial sobre el fenómeno dirigido por Pinheiro, un experto independiente designado por el organismo.

Se sentaron a debatir representantes de Unicef, OMS, organizaciones no gubernamentales, delegaciones nacionales, defensores del menor y jóvenes. La documentación que manejaban ya alertaba de la situación: sólo 14 países europeos han prohibido explícitamente cualquier castigo corporal. Se trata de Suecia, Finlandia, Noruega, Austria, Letonia, Croacia, Alemania, Bulgaria, Islandia, Ucrania, Rumanía y Hungría, además de Italia y Portugal, cuyos tribunales supremos han declarado ilegal el castigo corporal, aunque no se haya reflejado en la legislación. El resto de los países mantienen lo que los expertos llaman "violencia legalizada". En algunos, como Bélgica, República Checa, Francia, Kirgizstan y Moldavia no prohíben el castigo corporal en las instituciones, por ejemplo.

La pelota estaría, una vez más, en el tejado de España. Al encuentro acudieron dos representantes, uno de Justicia y otro de Asuntos Sociales. Fuentes del Ministerio de Justicia indican: "Se está empezando a trabajar, en la línea de las conclusiones de Ljubliana, aunque no hay decisiones tomadas". No han ofrecido detalles sobre plazos en la modificación legislativa. Por su parte, la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcárce, había afirmado el pasado 20 de noviembre que proyectaba modificar el artículo.

La opinión de los ciudadanos refleja que la violencia dentro de la familia no es excepcional. Dar un bofetón o un azote a su hijo es algo que el 52,2% de los españoles justifican "algunas veces", según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de marzo de 2004. Un 3,3% lo justifica "muchas veces". "Algunas veces" es imprescindible darles un grito o levantarles la voz según 7 de cada 10 encuestados.

Las asociaciones y los expertos difieren en esta visión. Ningún tipo de castigo físico es admisible y piden el cambio legal. "Para imponer autoridad no se necesita ser violento", manifiesta rotunda Pepa Hornos, de Save the Children. También el psicólogo Ángel Hernández, director de la Plataforma de Organizaciones de la Infancia (que agrupa a 37 asociaciones) lo descarta: "Cuando un adulto abofetea a otro lo puede denunciar por agresión y un niño, no. Pegar a un niño puede dañar su autoestima, lo victimiza, le produce soledad, tristeza y abandono".

El Defensor del Menor de Madrid ha enviado dos veces (en 1999 y 2004) una petición de modificar el Código Civil añadiendo a la sentencia "los padres podrán corregir razonable y moderadamente a los hijos" la frase "pero nunca mediante el empleo del castigo físico o de cualquier otro trato que comporte menoscabo de la integridad y dignidad personal". "El cachete", dice Pedro Núñez Morgades, el actual defensor, "no es pedagógico en un entorno lleno de violencia. Pretende sustituir la dedicación y la educación".