La futura ley urbanística se tramitará en las Cortes de urgencia

El proyecto de ley urbanística valenciana (LUV), elaborada por la Consejería de Territorio y Vivienda, se tramitará, a petición del Consell, por el procedimiento de urgencia, según publicó el pasado miércoles el boletín oficial de las Cortes. La norma que sustituirá a la tan contestada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), aprobada en 1994, fue aprobada por el Consell en el pleno del pasado 20 de mayo y llega al Parlamento para su tramitación el 13 de julio. Los grupos políticos de la cámara dispondrán hasta el día 9 o 13 de septiembre para la presentación de enmiendas a un texto de más de 300 artículos.

Andrés Perelló, portavoz adjunto del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, criticó que el Consell pida por un lado un acuerdo para que los partidos de la oposición refrenden esta ley, "que llega una década después de la LRAU", y por otro emplee el procedimiento de urgencia, para su tramitación. Los partidos de la oposición tienen aproximadamente dos meses -con agosto por medio- para preparar las enmiendas al proyecto de ley. Los socialistas calculan que entre el 9 y el 13 de septiembre se cerrará el plazo de presentación de enmiendas. "El PP quiere resolver cuanto antes los problemas del urbanismo después de haber dato mucha soga a los emperadores del urbanismo", manifestó Perelló, para quien una ley de este calado no debería de aprobarse por el procedimiento de urgencia.

El titular de Territorio manifestó tras la aprobación de la ley por el Consell que urgía derogar la actual legislación por los conflictos que ha generado la LRAU en los últimos años. La Comisión Europea y el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo investiga o ha puesto objeciones a su aplicación ante las quejas recibidas.

"Mayor transparencia"

La LUV, según explicó Blasco, se articula en seis bloques e incorpora novedades importantes. Una de ellas es la aprobación del estatuto del propietario, que recogerá los derechos y obligaciones, y la presencia de "mecanismos de mayor transparencia en relación a los agentes urbanizadores", una de las figuras más polémica de la LRAU. El texto otorga una mayor protección a los pequeños propietarios y apuesta por la vivienda social. Los ayuntamientos deberán, según la ley, reservar todos los terrenos que obtengan de las cesiones urbanísticas a la construcción de viviendas protegidas, que en la última década apenas ha representado un 10% del conjunto de edificaciones.

Los ayuntamientos deberán de notificar a un registro autonómico de patrimonios públicos municipales el suelo reservado a estos fines. El agente urbanizador estará obligado a notificar individualmente a cada propietario afectado por la aprobación de un Plan de Actuación Integral (PAI), detallando datos urbanísticos y económicos que afecten a sus propiedades.

El proyecto de ley también reforma el procedimiento de adjudicación de un PAI, con el objetivo de darle mayor transparencia y garantizar que se realiza en las mejores condiciones técnicas y económicas.