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La violencia de género se disparó en 2004 hasta las 3.465 denuncias

Más de 1.600 mujeres maltratadas pidieron órdenes de protección

La escasísima preocupación social por la violencia de género,según los datos del último Sociómetro publicado esta misma semana, no se corresponde con el crecimiento de las denuncias por el denominado terrorismo doméstico. La memoria judicial elaborada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco revela que el pasado año se contabilizaron en los juzgados 3.465 denuncias, frente a las 1.879 de 2003.

El grueso de esta violencia se ejerce contra mujeres (3.158 casos en 2004). El sistema de protección puesto en marcha para intentar limitar este tipo de agresiones en demasiados casos no consigue evitar la muerte de las mujeres a manos de sus parejas o ex parejas. La memoria judicial contabiliza un total de 1.756 solicitudes de órdenes de protección el pasado año, de las que los jueces han adoptado 1.204 (178 para hombres), mientras que denegaron 542.

El cúmulo de casos que ya se tramitan en los juzgados vascos desde la entrada en vigor, el pasado 28 de junio, de los juzgados de violencia ejercida sobre las mujeres es un botón de muestra de la importancia del problema.

Desde esa fecha, en la comunidad autónoma se tramitan 75 denuncias. En Bilbao y Vitoria, cada juzgado especializado lleva 20 casos, por 10 el de San Sebastián. Sin embargo, el juzgado que más casos lleva no es el de una capital, sino el de Barakaldo, con 25 denuncias, según los datos adelantados ayer, en la presentación de la memoria judicial, por el presidente del alto tribunal vasco, Fernando Ruiz Piñeiro.La memoria arroja un dato histórico en lo relacionado con el número de jueces y magistrados que han abandonado su destino en el País Vasco. Por primera vez el número de salidas de Euskadi supera la barrera de las 22 alcanzada en 1999, con la marcha de 24 magistrados y 6 jueces. Una cifra que no se había alcanzado nunca en la comunidad autónoma, ni siquiera cuando el terrorismo de ETA apuntó claramente a este colectivo con el asesinanato del magistrado José María Lidón en noviembre de 2001. Sin embargo, el presidente del TSJPV, Fernando Ruiz Piñeiro, destacó que esta subida no está relacionada ni con la persistencia de la presión terrorista ni con el hecho de que muchos de los jueces y fiscales tienen que llevar escolta por la amenaza de ETA. "Aquella situación es distinta a la de hoy, porque los compañeros que hayan tenido una preocupación por su seguridad personal de intensidad suficiente como para provocar que se vaya de la comunidad, ha tenido ocasión de irse y, de hecho, lo habrá hecho", apuntó. La incidencia actual de la amenaza terrorista en la movilidad e los jueces es, según aseguró, "mínima".

No salen "disparados"

El presidente del alto tribunal dibujó una panorama casi atractivo para ejercer en Euskadi y negó tajantemente que los jueces salgan "disparados" de sus destinos vascos. De una plantilla de 200 jueces y magistrados, la salida de treinta revela, según Piñeiro, la "vocación de estabilidad" del colectivo judicial en Euskadi.

Los jueces y magistrados, aseguró, tienen "asumido como un componente más del desarrollo profesional el hecho de tener que ir con medidas de seguridad". Ruiz Piñeiro atribuyó la movilidad a que los jueces están a la espera de su destino preferido y aprovechan los concursos de traslados para esas plazas cuando éstos se producen.

Por primera vez, la memoria judicial reseña implícitamente la existencia de un número indeterminado de jueces que habría decidido prescindir de la escolta, lo que supone una muestra más que evidente del relajo con lo que varias decenas de profesionales de la judicatura se han tomado ya la amenaza etarra.

En una foto fija de la situación de la justicia en Euskadi, el diagnóstico preferente es que por tercer año consecutivo ha disminuido el número de asuntos pendiente de resolución en los juzgados vascos. Este "dato positivo", resaltó Ruiz Piñeiro, sitúa el nivel de casos pendientes por debajo del 25% de los asuntos ingresados en los mismos juzgados.

La mejora es sensible en la jurisdicción penal y algo menor en los asuntos en la civil. Pero la situación es menos favorable en la jurisdicción contencioso-administrativa, que ha pasado de tener 1.649 asuntos pendientes en 2003 a los 2.606 del pasado año, según los datos de la memoria judicial.

Piñeiro destacó los beneficios que ha tenido para reducir el nivel de asuntos pendientes la apertura de un juzgado de Primera Instancia en Bilbao y la inclusión de dos plazas más de magistrados en la Audiencia de Álava. Y no descartó que, de seguir la tendencia negativa en la jurisdicción contencioso-administrativa en la próxima memoria se incluya la solicitud de más juzgados unipersonales del Contencioso. Sobre las bodas entre homosexuales, tras la aprobación de la ley en el Congreso, el presidente del Tribunal Superior vasco cifró en siete los casos que están en trámite en Euskadi (4 de ellos en Donostia).

En términos de delincuencia, los asuntos penales incoados en los juzgados vascos han disminuido de los 168.310 de 2002 a los 161.007.

El presidente destacó las relaciones leales y de cordialidad que mantiene con el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, que repite en el cargo, con el que se entrevistará el septiembre.

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