La polémica se traslada ahora a la Oficina Europea de Patentes

La directiva sobre las patentes de software fue enterrada en el Parlamento Europeo la semana pasada. Al igual que ocurre al día siguiente de las elecciones, todos estaban satisfechos con el resultado. El contento de los del no y de los del sí se entiende mejor al saber que ya antes se habían puesto de acuerdo para votar lo mismo, aunque quisieran lo contrario. Resultado: 648 votos a favor, 14 en contra y 18 abstenciones.

Los defensores del sí estaban contentos porque se habían rechazado las 21 enmiendas que eliminaban la posibilidad de patentar programas. La alegría de sus detractores se debía a que se frenaba el intento de legalizarlas.

Por el mismo motivo, todos están también un poco decepcionados: la muerte de la directiva no ha resuelto ningún problema. La situación de inseguridad jurídica de los inventores ha quedado igual que hace tres años, cuando la Comisión presentó su propuesta, con leyes nacionales diversas.

"Se mantiene la situación actual. La industria europea podrá seguir patentando los inventos que incluyen software, tal como viene sucediendo desde hace años", explica Mark McGann, director de EICTA, la patronal de las empresas tecnológicas europeas, favorable a la directiva.

Jesús González Barahona, de Proinnova, discrepa: "Con un no tan rotundo del Parlamento Europeo, la validez de las patentes de software que se concedan es mínima".

La intención del Ejecutivo comunitario era introducir normas comunes que evitaran conflictos entre las diferentes legislaciones nacionales y facilitaran la libre circulación de bienes, servicios y mercancías. De paso, legalizaba las ya concedidas. Ahora, sin directiva, la concesión "se seguirá rigiendo por el Convenio Europeo de Patentes de 1973, que prohíbe patentar programas, a su vez protegidos por los derechos de autor", según el socialista Manuel Medina.

Sin embargo, el organismo que las concede, la Oficina Europea de Patentes (OEP), tiene su propia interpretación de la normativa: ha concedido más de 50.000 patentes a los métodos y aparatos que incluyen programas. Y las seguirá dando. Pero los solicitantes, que pagan 50.000 euros por patente (cinco veces más que en EE UU), no sabrán si en caso de disputa se aplicará el convenio Europeo de Patentes (que no permite las de programas) o el criterio de su oficina de patentes (que las concede a los inventos que llevan software). Esta disparidad de criterio la deberán resolver los jueces... del país en el que se presente la demanda.

El presidente de la OEP, Alain Pompidou, aseguró que "como todas las invenciones, las aplicadas en ordenador sólo son patentables si son nuevas y tienen contribución técnica. La OEP no concede patentes de software: los programas como tal, algoritmos o métodos de negocio sin contribución técnica no son patentables".

Según Alberto Barrionuevo, de la Fundación por una Infraestructura de Información Libre (FFII), "la situación actual es que las patentes de software son ilegales. La libertad legislativa de la OEP debe terminar".

Enterrada la directiva, el centro de atención regresa a la Oficina Europea de Patentes. En 2000, este organismo independiente de la Unión Europea, pero al que pertenecen sus estados miembros, trató de modificar el artículo 52 de la Convención Europea de Patentes sobre las excepciones de patentabilidad. Intentó eliminar la palabra software de los inventos a los que se niega esta protección. El objetivo era legalizar las patentes de software que ya había concedido. La oficina, como la fallida directiva, establece diferencias entre el sistema de control (programa) y el objeto (lavadora, móvil, coche...) patentado.

En esa conferencia diplomática de 2000 en la que también participaban las oficinas de patentes nacionales de los estados miembros se acordó retrasar el cambio a la espera de que la Comisión presentara la directiva que los europarlamentarios acaban de rechazar. Cinco años después, el ciclo regresa a su origen. "Es una lástima que estos años no hayan terminado en una legislación que rechace las maniobras interpretativas de la Oficina Europea", admite Xavier Drudis, contrario a las patentes de software.

"La situación ha mejorado. Ahora nuestros representantes saben que quienes rechazamos las patentes de software no somos cuatro pirados. Somos las pymes, los desarrolladores de programas, el sector más innovador y el que debe tirar del carro de la economía. Teníamos un problemón y se ha resuelto. Cualquier intento de reforma deberá contar con nuestra opinión. Nosotros, vamos a pensar cómo resolver las ilegalidades de la Oficina", dice Alberto Barrionuevo, de la FFII.

Revisar las decisiones de la OEP

Proinnova ya ha pedido a los gobiernos que firmaron el Convenio Europeo de Patentes "que revisen las decisiones de la OEP, que lleva años aprobando patentes de software en contra de lo que indica su propio tratado".

Mark McGann, director general de EICTA, tampoco está satisfecho: "Europa es incapaz de ponerse de acuerdo y, esto puede impedir la libre circulación de bienes, servicios y mercancías. Si queremos una UE competitiva los políticos deberían dejar de pensar en la agenda de Lisboa y legislar en temas pendientes como la patente comunitaria".

Este otro proyecto de directiva para crear la patente comunitaria, algo distinto a lo que discutió el parlamento europeo la semana pasada, se empezó a gestar en los setenta con el fin de simplificar los costes del proceso y establecer un sistema centralizado para resolver litigios, cuyo cometido se encargaría al Tribunal de la Patente Comunitaria, con sede en Luxemburgo. Hace tres años se llegó a un acuerdo que los políticos calificaron de "histórico". Fue un espejismo. "La directiva está paralizada. El principal problema es lingüístico. La propuesta del Consejo es que se traduzca la solicitud al inglés, francés y alemán, idiomas oficiales de la OEP. Sin embargo, el Parlamento ha propuesto que se siga el modelo de la Oficina de la Marca Comunitaria, con sede en Alicante, y que se traduzca también al español e italiano. Todavía esperamos a que el Consejo adopte una posición", explica Medina.

"La directiva de patentes de software ha sido democráticamente enterrada, pero sólo es un alto en el camino", dice González Barahona, de Proinnova. "Ahora debería empezar el verdadero debate, que va mucho más allá de las patentes de software: ¿Qué tipo de innovación queremos en la sociedad de la información?".

Asociaciones españolas de informáticos piden que la protección al software tengan un tratamiento específico y que, si se apuesta por el sistema de patentes, al menos no se otorguen monopolios de 20 años.

El Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión que presente una nueva propuesta de consenso. Quizá en el nuevo y no menos tortuoso camino hasta que vuelva a la Eurocámara, no pase por la ratificación en un Consejo tan extraño para el software como el de los ministros de Agricultura y Pesca.