Financiación autonómica: la hora de la verdad

Hoy se verán las caras el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y el consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, Antoni Castells, por primera vez desde que el tripartito catalán amparase la proposición de ley de reforma del Estatuto, con los votos en contra del PP y la abstención de CiU. Lo harán en el seno del curso sobre financiación autonómica que coorganizan la Fundación BBVA y la Escuela de Periodismo UAM/EL PAÍS. Será el primero de una serie de contactos para limar asperezas entre ambas partes, entre las cuales figuran algunas líneas rojas aparentemente traspasadas por el texto del Estatuto en relación con la Constitución, y la incorporación en el mismo, con detalle, de un nuevo sistema de financiación para Cataluña.

En España se han configurado unas autonomías con amplia capacidad de gasto y una dependencia elevada de la Administración para percibir ingresos

El esquema de juego propuesto por el Gobierno central para negociar las reformas de los estatutos de las comunidades autónomas tiene dos principios: que se respete el texto constitucional y que las reformas lleguen avaladas por un apoyo suficiente en los parlamentos regionales (alrededor del 75% de los votos de los diputados). En cuanto a la financiación autonómica, en un país en el que las disparidades de renta y riqueza entre las regiones son un hecho, el objetivo debe ser el mantenimiento y perfeccionamiento de los mecanismos de cohesión territorial, que garantizan la calidad de los servicios públicos.

Después de 25 años de existencia, el Estado de las autonomías ha llegado a un funcionamiento caracterizado por una amplia cesión de competencias a las comunidades y descentralización del gasto, no acompañado de un proceso semejante por el lado de los ingresos. El resultado es la configuración de unas comunidades autónomas con una amplia capacidad en la decisión del gasto y una dependencia muy elevada de la Administración central a la hora de percibir los ingresos.

En el año 2001 se aprobó una reforma del sistema de financiación que supuso un avance en materia de autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal, pero que no ha solucionado todos los problemas: los ingresos que proporciona el sistema crecen a un ritmo inferior al esperado, lo que pone en peligro la prestación de los servicios asignados (especialmente en el ámbito sanitario) a los Gobiernos autonómicos. Además, la asimetría existente en la capacidad de gasto entre las comunidades de territorio común y, todavía en mayor medida, de éstas con respecto a las comunidades forales, se traduce en capacidades diferentes de prestación de servicios de las distintas Administraciones, con repercusión directa en la calidad de vida y oportunidades económicas de los ciudadanos. El ámbito constitucional no admite la financiación privilegiada de ningún territorio.

Un experto como el inspector de Hacienda José Víctor Sevilla ha actualizado el estudio de estos problemas y ha adelantado distintas propuestas para solucionarlos. En su nuevo libro Financiación autonómica. Problemas y propuestas (Fundación Alternativas. Ex Libris ediciones) y en el artículo 'La financiación de Cataluña' (revista Claves, número 154, julio-agosto 2005), Sevilla adelanta sus tesis para adaptar el sistema de financiación autonómica a la lógica de la estructura política del Estado, con una doble dirección. En primer lugar, una descentralización de tributos, pasando a las comunidades autónomas la responsabilidad de obtener sus propios ingresos: la financiación de las comunidades debe hacerse básicamente mediante los tributos cedidos/compartidos, y no a través de participaciones en los tributos del Estado, ni siquiera de participaciones territorializadas. Los tributos compartidos son aquellos que pueden utilizar al mismo tiempo la Hacienda central y las autonomías, con una misma estructura legal y disponiendo cada Hacienda de márgenes normativos que le permitan decidir tanto el nivel como la estructura de sus ingresos: esto es, le permiten el ejercicio de su autonomía financiera.

En segundo lugar, la Hacienda central debe complementar los recursos de las comunidades autónomas con menos capacidad económica para que, con el mismo esfuerzo fiscal que hacen las otras, puedan prestar a sus ciudadanos un nivel de servicios públicos similar, nivel que debe decidir y garantizar la Hacienda central. Para ello es necesario conocer cuál es para la comunidad el coste por prestar dichos servicios, y cuántos ingresos obtendría haciendo el esfuerzo fiscal requerido. La diferencia es la que tendría que cubrir la Hacienda central como gestora de la solidaridad interterritorial.

Los textos de José Víctor Sevilla son importantes no sólo por su nivel científico, sino porque parecen tener especial incidencia en la opinión del Gobierno central.