Guerra asegura que el proyecto tiene "pocas posibilidades"

Alfonso Guerra, diputado socialista y presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, aseguró ayer que el proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña "tiene pocas posibilidades de prosperar" durante su tramitación en la Cámara baja, ya que, en su opinión, "fragmentaría la soberanía popular del Estado" por lo que se refiere a la propuesta de financiación.

Guerra, que participó en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, en El Escorial, se mostró crítico incluso con la propuesta de reformas constitucionales planteada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Por ejemplo, la mención del Tratado europeo en la Constitución española no es, a juicio del diputado socialista, "estrictamente necesaria", ya que, tras el rechazo de Holanda y Francia, el texto podría convertirse en "inútil y fantasmagórico".

Nación e ingenuidad

En cuanto a la reforma constitucional que eliminará la discriminación por razón de sexo en la sucesión a la Corona que recoge el artículo 57, Guerra apostó por "hacer el viaje completo" y "acabar con todas las disposiciones" que mantienen la discriminación de la mujer en este ámbito.

Para Guerra la pretensión de utilizar el termino nación en algunos estatutos de autonomía "rompe el pacto constitucional y augura una reivindicación posterior, porque hoy somos nación y mañana querremos ser Estado". "No podemos ser ingenuos", dijo.

Guerra advirtió de que algunas reformas estatutarias proponen modificaciones constitucionales "encubiertas" y "violaciones", como el cambio del cuerpo constituyente, el cambio de la estructura institucional del Estado, el blindaje de competencias para impedir al Estado elaborar leyes base, la modificación de leyes orgánicas a través de los estatutos o el acaparamiento de competencias a través de transferencias amparándose en el artículo 150.2.

En opinión del diputado socialista, si bien el rechazo en el Congreso de los Diputados del denominado plan Ibarretxe no tuvo ningún coste político para el Gobierno, un eventual rechazo del texto de la reforma estatutaria catalana, que impulsan los propios socialistas, tendría un coste "más que cero".

La vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, respondió en rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, que "las declaraciones hechas en el ámbito de la Universidad hay que respetarlas" y que la postura del Gobierno respecto al Estatuto de Cataluña, "que está en el ámbito del Parlamento catalán, es de absoluto respeto".