'The New York Times' dice que Miller "defiende el derecho a la información"

La encarcelación de la periodista Judith Miller por negarse a revelar la identidad de sus fuentes ha reabierto con fuerza en Estados Unidos el debate sobre la protección de la confidencialidad como una de las bases de la prensa libre. The New York Times, el diario en el que trabaja Miller, dijo en un largo editorial ayer que la reportera "ha hecho lo que tenía que hacer" y le dio las gracias "por librar este combate en nombre de todos los periodistas". Miller está desde el miércoles en un centro penitenciario de Alexandria, próximo a Washington.

Si no hay cambios, Miller, de 57 años, estará en la cárcel hasta el 28 de octubre, cuando está previsto que concluya la investigación sobre el delito de dejar al descubierto la identidad de una agente secreta. Matt Cooper, de la revista Time, dejó de incurrir en desacato el miércoles al aceptar declarar. Cooper explicó que su fuente le había eximido del compromiso de confidencialidad. Miller mantuvo su postura al amparo de la primera enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de prensa. El fiscal cree que la reportera debe declarar lo que sabe del asunto, porque la seguridad nacional está por encima de la protección constitucional.

El caso arrancó con la publicación, hace dos años, de una columna en la que el comentarista Michael Novack revelaba -gracias a la información de dos altas fuentes en el Gobierno- que el diplomático Joseph Wilson, enviado por la Agencia Central de Inteligencia a investigar si Sadam Husein había comprado uranio en Níger, estaba casado con Valerie Plame, perteneciente a la CIA. Ocho días antes de que apareciera esta columna, Wilson había denunciado en The New York Times que el Gobierno ocultó sus hallazgos -la ausencia de pruebas sobre el uranio- para facilitar el argumento de la peligrosidad de los arsenales de armas de destrucción masiva. Wilson dijo que el dedo que señalaba a su mujer era una venganza contra él. Cooper escribió sobre el caso, pero Miller nunca lo hizo; se limitó a hacer preguntas. Y no se sabe si Novack ha hablado con el fiscal o declarado ante el gran jurado, porque todos los procedimientos son secretos; él ha dicho que no hablará hasta que se resuelva el caso. Varios medios han señalado que el asesor de Bush, Karl Rove, podría ser una de las fuentes mencionadas, aunque su abogado lo niega.

The New York Times señaló en su editorial que "algunas personas, incluidos lamentablemente ciertos medios, creen equivocadamente que un periodista y un periódico se colocan por encima de la ley al rechazar la orden de un tribunal de declarar. Nada puede estar más lejos de la realidad". El Times enmarca su posición y la de la reportera "en la tradición de desobediencia civil que arrancó con los fundadores de la nación" y afirma que Miller "está defendiendo el derecho de los estadounidenses a obtener información importante de los medios que no temen represalias de la Administración".

El diario de Nueva York "lamenta profundamente" que la revista Time, a la que pertenece Cooper, entregara documentos sobre las fuentes. [El director de Time lo justificó diciendo que "los periodistas no deben estar por encima de la ley"]. Pero The New York Times cree que ninguna promesa de un periodista de respetar el anonimato de unas fuentes "valdrá de mucho si su empresa no respeta ese compromiso de secreto".

El diario reconoce que el caso es "difícil y embarrado", y recuerda que, en su momento, dijo que si la Casa Blanca hubiera filtrado el nombre de Valerie Plame como represalia "la filtración sería un extraordinario abuso de poder" que el Departamento de Justicia debería investigar sin que ello degenerara "en un intento de obligar a los periodistas revelar sus fuentes". El Times dice ahora que estaba pensando en Novack, y que es desconcertante que el columnista "esté en libertad y con la boca cerrada en cuanto a lo que dijo o no dijo al gran jurado sobre la filtración".

En todo caso, "si Miller declara, será muchísimo más difícil en el futuro convencer a un asustado funcionario de que hable sobre fechorías en altas instancias o que un preocupado empleado revele delitos en su empresa". Los periodistas responsables "asumen que las libertades de la prensa no son absolutas y que deben ser ejercidas con responsabilidad", pero "los límites no pueden ser dictados por el capricho del poder".

The Washington Post dice en su editorial que el encarcelamiento de Judith Miller "es un golpe muy perjudicial para el trabajo de los medios", "un grave abuso de la fiscalía y un ataque gratuito a la libertad de prensa". El Post reclama que las leyes que protegen la confidencialidad de las fuentes y que están en vigor en 49 Estados del país tengan su equivalente a escala nacional y pide al Congreso que actúe en ese sentido.