El vituperado dictamen del 11-M

La Comisión de Investigación sobre el 11-M sometió el pasado jueves al Pleno del Congreso un voluminoso dictamen dividido en tres partes y completado con cinco anexos. Era políticamente imposible que el PP aceptase las conclusiones de un documento que lanza contra sus dirigentes gravísimas y fundamentadas acusaciones de negligencia, oportunismo, manipulación y desinformación; el acuerdo entre todos los partidos sólo era factible en el ámbito de las recomendaciones. Antes del 11-M -resume la primera sección del dictamen de la comisión-, el Gobierno de Aznar no adoptó "la política de impulso" que la lucha contra el terrorismo islamista requería. Pese a las serias advertencias elevadas por los informes del CNI, la policía y la Guardia Civil, el Ejecutivo restó importancia a esos avisos y descuidó las investigaciones sobre los resortes logísticos, las líneas de financiación, el arraigo en la delincuencia ordinaria procedente de la inmigración, el reclutamiento de combatientes, el adoctrinamiento en las cárceles y las células durmientes del fundamentalismo.

A esa "clara infravaloración" por el Gobierno de una amenaza desgraciadamente "cierta y grave" (en especial desde el atentado de Casablanca y el respaldo de Aznar a la guerra de Irak) se añaden las nocivas consecuencias de la parcelación de las investigaciones llevadas a cabo por diversas unidades de un mismo cuerpo, la descoordinación policial y de los servicios de información, el descontrol de los depósitos de explosivos y la insuficiencia de los medios materiales y humanos para afrontar el desafío de ese terrorismo "de nuevo tipo" o de "tercera generación". En vísperas del 11-M sólo había "una estructura de juguete" para proteger la seguridad interior frente a los anunciados y probables ataques del fundamentalismo islamista.

La segunda parte del dictamen analiza la "gestión de la crisis" por el Gobierno tras el atentado: no asumió la respuesta a la masacre "como una cuestión de Estado sino como un asunto de partido". Desde el primer momento, el Ejecutivo "actuó sin contar con la opinión del resto de las fuerzas políticas y parlamentarias"; en lugar de reunir a la Diputación Permanente y al Pacto Antiterrorista, Aznar decidió por su cuenta y riesgo convocar con fines electoralistas a los ciudadanos a manifestarse bajo un lema prefijado. El Gobierno también "tergiversó y manipuló los datos que iba recibiendo de la policía" a fin de que los medios de comunicación nacionales y extranjeros no pusieran en duda la atribución del atentado a ETA, dada como segura por el Ejecutivo pese a no ser más que "una vaga conjetura" sin ningún dato "mínimamente objetivo y lógico" capaz de fundamentarlo. El dictamen es terminante: "ETA no es la autora y ETA no tiene relación con los autores".

Los portavoces oficiales y mediáticos del PP acusan a la mayoría parlamentaria de haber cerrado en falso la comisión del 11-M con el siniestro propósito de que la sociedad española no llegue a conocer nunca la verdad. Esa intencionalidad dilatoria es absurda. Las comisiones parlamentarias no persiguen la elucidación de las responsabilidades penales de un caso judicial sino la depuración de las responsabilidades políticas que pudieran darse en la investigación de algún asunto público. El artículo 76 de la Constitución precisa que las conclusiones de dichas comisiones no son vinculantes para los tribunales ni afectan a sus resoluciones; el único nexo existente entre los dos ámbitos -parlamentario y judicial- es el ministerio fiscal. No hay, pues, cerrojazo al 11-M que valga: el juez Del Olmo continúa instruyendo el sumario 20/2004 y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -una vez concluidas las diligencias- dictará la correspondiente sentencia, recurrible ante el Supremo. A los dirigentes y a los corifeos mediáticos del PP les corresponderá probar ante la Justicia sus fantásticas conjeturas sobre la misteriosa autoría intelectual del atentado mencionada por Aznar, Acebes, Zaplana y Astarloa en sus intoxicadoras comparecencias ante la comisión: esto es, la fabulada participación de ETA, los servicios secretos de Marruecos y un sector de la policía española teledirigido por el PSOE en la planificación y desarrollo del 11-M.