La hipoteca sanitaria

Traspasar la gestión sanitaria a manos privadas supone una enorme responsabilidad y obliga a la Administración a ejercer de forma exquisita una función de control que garantice unas prestaciones de calidad. Cualquier servicio contratado por la administración debe ser monitorizado para tener la certeza de que es satisfactorio y en caso contrario debe haber penalizaciones.

Para esta labor, la Consellería destacó un comisionado en la Unión Temporal de Empresas de Alzira pero no le dotó con la estructura necesaria para llevarla a cabo, o al menos no conocemos ni su dotación ni los resultados de la actividad desarrollada desde el año 1999.

La Generalitat Valenciana, por sus propios medios o ajenos, está obligada a realizar una Auditoría Integral Anual. ¿Cuáles han sido los resultados durante todos estos años?¿Ha habido alguna penalización?¿Por qué la Consellería no rinde cuentas de la gestión económica de Alzira escudándose en que la UTE es una empresa privada y por tanto no está obligada a ello?

Las apariencias indican que hay una cierta dejación en su responsabilidad de control público sobre las prestaciones sanitarias en el área de La Ribera y una falta de transparencia, especialmente en la gestión económica, sin embargo, recientemente y a través de todos los medios de comunicación, nuestro conseller justificaba la ampliación a atención primaria y la extensión a Dénia y Torrevieja en base a unos "excelentes resultados en las encuestas de satisfacción", suponemos que se ha hecho un estudio comparativo de Alzira con al menos otra área sanitaria, y a "un ahorro de un 20% para la Consellería de Sanitat". Estas declaraciones son tan imprudentes como las que en forma reiterada se han venido realizando por los anteriores consellers respecto a las habitaciones individuales con acompañante en el Hospital de la Ribera, afirmaciones que desde hace algún tiempo no aparecen en los medios de comunicación, precisamente porque han sido retiradas progresivamente las camas del acompañante en la mayor parte de ellas, para ubicar a dos pacientes en unas habitaciones de dimensiones más reducidas que las de cualquier hospital público, con lo que la confortabilidad es claramente inferior en Alzira.

Creemos pues que dichas declaraciones no se corresponden con la realidad, como ya ocurrió el 10 de marzo al afirmar que daba por cumplido en un 97% el plan cuatrienal de humanización de la asistencia, por el que en 2001 se habían prometido habitaciones individuales en nuestros hospitales, cuando conocemos que hay cuatro camas por habitación en la Malvarrosa y en algunas áreas del Hospital General de Valencia o tres camas por habitación en Salud Mental del Provincial de Castellón y en la mayor parte del pabellón de Rehabilitación de La Fe. Hay distancia entre las afirmaciones el pasado 13 de abril del secretario de la Agencia Valenciana de Salud, en el Colegio de Médicos de Alicante, situando a nuestra Comunidad en el cuarto lugar de las comunidades autónomas en cuanto a recursos de Cuidados Paliativos, y la realidad de que con 6 camas por millón de habitantes estamos a la cola del país, señalando los expertos un déficit de entre cuatrocientas y quinientas camas para esa parcela de la atención sanitaria.

En nuestra opinión, la reciente ampliación de las concesiones administrativas por quince años a empresas privadas y por tanto con ánimo de lucro, tiene mucho que ver con la evolución de la deuda pública en nuestra Comunidad y con las obligaciones contraídas con el gobierno central para alcanzar el equilibrio presupuestario.

En el último informe de la Sindicatura de Cuentas correspondiente a diciembre de 2003, se señalaba que las obligaciones contables con cargo a ejercicios futuros ascendían a 14.447 millones de euros (2,5 billones de pesetas) y según la información emitida por el Banco de España representaba el 11,2% del PIB, lo que suponía que cada valenciano debería pagar 2.057 euros para cancelar dicha deuda, frente a los 1.202 euros que correspondería a cada español para saldar la del conjunto del estado, situación que con toda seguridad ha empeorado en el 2004, pues sabemos por el informe del Banco de España que en nuestra comunidad somos líderes destacados en volumen de la deuda que ha alcanzado el 12% del PIB, frente a la media del conjunto de las comunidades Autónomas que es de un 6,5%.

Este crecimiento espectacular de la deuda ha motivado declaraciones como las de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIM) denunciando que en 2004 superaba ya los 520 millones de euros, con una demora media de 2 años en el pago, estimándose que en 2005 alcanzará los 700 millones de euros, o las de hace unas semanas del presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Miguel Ortiz, del Partido Popular, reclamando al Consell la deuda pendiente de 1,5 millones de euros con su federación, y también ha sido la causa de una sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia, que atendiendo al recurso presentado por Baxter, como consecuencia del impago de facturas correspondientes a material sanitario suministrado en 2001, condena a la Conselleria de Sanitat a abonar 404.461 euros, más los intereses legales de demora a partir de junio de 2002. Es esta situación económica la que ha anulado prácticamente las posibilidades inversoras de la Generalitat que ha necesitado nuevas formas de financiación y motivado, a nuestro juicio, la ampliación y extensión de la concesión administrativa a Alzira, Dénia y Torrevieja, lo que constituye la mayor agresión al Sistema Sanitario Público de la última legislatura y una hipoteca inaceptable de todos los valencianos para los próximos quince años.

Isidoro Rodríguez Nieto es presidente de ACDESA (acdesa@ono.com).