Protección de los informantes y libertad de expresión

El pulso de un juez y un fiscal contra dos periodistas determinados a proteger sus fuentes (incluso aunque las fuentes puedan haber cometido un delito al hablar con ellos) es de una envergadura sólo parecida a la de dos conflictos ocurridos en la década de los setenta. Sin embargo, a pesar de que el mundo académico apoya mayoritariamente la decisión de los dos periodistas encausados, el repaso de esos dos antecedentes proporciona escenarios no del todo similares.

En 1971, el Tribunal Supremo de EE UU permitió que The New York Times y The Washington Post publicaran los llamados Papeles del Pentágono, los documentos confidenciales que revelaban la decisión temprana de EE UU de entrar en la guerra de Vietnam y la carencia de un plan de salida. El entonces presidente, Richard Nixon, intentó bloquear la publicación con la ayuda de jueces federales. "Hay que quemar en la hoguera a quien haya filtrado los papeles", dijo en una conversación que, grabada en el despacho oval, acabó siendo también de dominio público. Aquella decisión del Supremo, por seis votos contra tres, suele contemplarse como una garantía judicial imperecedera a la libertad de expresión. Sin embargo, la sentencia fue compleja y nada resolutiva, porque dejaba la puerta abierta a intervenciones como la de Nixon si lo que estaba en juego era la seguridad nacional.

Secretos del Gobierno

El caso tiene similitudes con el actual porque en ambas circunstancias la fuente cometió un delito, el de revelación de secretos gubernamentales. La diferencia está en el matiz. Quien filtró los "papeles del Pentágono" (Daniel Ellsberg) lo hizo -al igual que Mark Felt, el garganta profunda del caso Watergate- por su convencimiento de que el Gobierno estaba cometiendo una ilegalidad mayor que la suya; en el caso actual, la filtración parece más bien una pelea entre el Gobierno de Bush y un diplomático.

El segundo antecedente, citado particularmente por el editor de The New York Times, llevó a la cárcel 40 días en 1978 al redactor de ese periódico Myron Farber, quien se negó a proporcionar información confidencial que beneficiaba a un médico acusado de matar a sus pacientes con inyecciones de veneno. El Supremo de Nueva Jersey estableció que el derecho del acusado a una defensa plena estaba por encima del derecho del periodista a la confidencialidad de sus fuentes o su material; al mantenerlo secreto, el acusado tuvo que ser absuelto. Cuando el editor de Time confirmó su decisión de entregar los papeles del caso Novak, hizo una puntualización a su colega de The New York Times: le recordó que cuando un tribunal ordenó a su periódico dejar de publicar los papeles del Pentágono, el diario obedeció.