El alcalde de Alhaurín de la Torre, procesado por presunta prevaricación

Un juez ha decretado el procesamiento del alcalde de Alhaurín de la Torre (Málaga), Joaquín Villanova, por un presunto delito de prevaricación al permitir a promotores construir sobre una parte de suelo público en la urbanización Retamar. El fiscal pide una pena de entre ocho y diez años de inhabilitación. Villanova está imputado en otras dos causas, por prevaricación y por negar información a la oposición.

El caso por el que Villanova será juzgado, si no prospera ningún recurso, se remonta a 1999. En febrero, el alcalde firmó un convenio urbanístico con dos empresas, Ingesar y Sogec, para recalificar la parcela 12 del Plan Parcial de Ordenación de la Urbanización Retamar, de deportiva privada a urbana para construir viviendas unifamiliares. Dicha parcela tenía una superficie de 16.533 metros cuadrados.

En octubre, la Asociación de Vecinos Retamar informó al alcalde de que los promotores habían ocupado parte de la parcela 16, colindante con la 12, calificada como espacio libre de dominio y uso público. La invasión habría reducido el suelo de uso público en 3.755 metros cuadrados. Villanova encargó entonces al arquitecto municipal, Aurelio Atienza -para el que el fiscal pide seis años de inhabilitación-, un informe, que constata la discordancia entre el plano y la realidad.

Con estos datos, Villanova pactó con la promotora reducir la superficie de la parcela 12, para lo que se elabora un nuevo estudio de detalle, que, sin embargo, "consolida la ocupación de la parcela 16, ya que los nuevos planos que lo representaban reflejaban su prolongación en el terreno correspondiente a dicha parcela de uso público". Dicho estudio fue aprobado en pleno el 17 de febrero de 2000, con informe favorable del arquitecto, y pese a las advertencias en contra de Izquierda Unida, según asegura la concejal Encarnación Ruiz.

Ante estos hechos, el titular del Juzgado de Instrucción número tres de Torremolinos, Guillermo Cortés García-Moreno, aprecia indicios "de la presunta comisión de un delito de prevaricación" administrativa, recogido en el artículo 404 del Código Penal. Así, el Ayuntamiento efectuó "una alteración de la superficie de una parcela de suelo público, que se consolida con la aprobación de un estudio detalle, lo que resulta absolutamente improcedente de acuerdo con la normativa urbanística".

Según la ley aplicable, la modificación de la zonificación de zonas verdes o de espacios libres exige acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta, previo dictamen favorable del Consejero de Obras Públicas y del Consejo Consultivo. Por tanto, prosigue el auto, "la falta de competencia es absoluta en el presente caso". El juez es tajante: "Se ha desbordado la legalidad de forma patente y clamorosa".

Además, considera que se ha producido "el plus de antijuridicidad" que exige el delito de prevaricación frente a la mera ilegalidad administrativa, al verse "afectados los intereses generales (...) en beneficio de promotores particulares". Así, la consecuencia de la alteración de superficie de suelo público es que el Consistorio "va a permitir, en última instancia, la urbanización y edificación de parte de ese suelo a unos particulares".

El auto también considera "acreditado que los denunciados llegaron a conocer la ocupación", como lo demuestra el nuevo estudio de detalle, que consolida la ocupación, pese a lo cual se aprueba. Por tanto, el juez ordena que se continúe la tramitación de las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado, juicio oral en delitos menos graves.

La instrucción, que se inició hace cuatro años, estuvo dos años paralizado en el Tribunal Supremo, por la condición de aforado que tenía Villanova, que fue senador popular. En su escrito de acusación, IU pide alternativamente la misma pena que el fiscal o seis meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio.