La Rioja pide la suspensión del nuevo Impuesto de Sociedades de Álava y Guipúzcoa

El Gobierno de La Rioja ha solicitado a la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que suspenda cautelarmente la aplicación de la nuevas normas forales sobre el Impuesto de Sociedades aprobadas por las Juntas Generales de Álava y de Guipúzcoa con el mismo tipo de gravamen del 32,5% que el Tribunal Supremo consideró ilegal. El alto tribunal anuló en diciembre varios artículos de la norma de 1966, entre ellos el que fijaba el tipo 2,5 puntos por debajo de la normativa estatal, al considerar el descuento una "ayuda de Estado", en aplicación de la legislación europea.

La comunidad riojana solicitó ayer mismo una ampliación del recurso presentado el pasado día 7 contra el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2005, aprobado por el Consejo de Diputados de Álava, y contra el decreto 32/2005 del Ejecutivo de Guipúzcoa, pidiendo que la suspensión se aplique a la norma aprobada posteriormente por el legislativo. El decreto fue debatido y aprobado sin modificaciones en las Juntas Generales de Álava el pasado día 13, adquiriendo el rango de norma foral.

El Gobierno de La Rioja no ha esperado siquiera a que se publique la norma foral en el boletín oficial de la provincia para pedir su suspensión, y así recortar tiempos y evitar que entre en vigor. En el caso de Guipúzcoa se ha seguido un proceso similar.

Los socialistas vascos votaron en contra de ese tipo en las Juntas Generales de las tres provincias, pero fue en Álava donde, tras una entrevista personal con el fiscal jefe, Alfonso Aya, le entregaron un informe para que estudiara si procedía una actuación de oficio por desobediencia al Tribunal Supremo. En el artículo que fija el tipo en el 32,5% la única variación era el signo del porcentaje, que en una normativa venía con letras y en la nueva con signo.

Por otro, el Gobierno Vasco ha decidido recurrir en casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo la sentencia del Superior vasco que, a instancias de la Caja Vital, anula parcial o totalmente once artículos del decreto que desarrolla la Ley vasca de Cajas de Ahorros. La Vital recurrió el decreto por considerar que es excesivamente "intervencionista" y recorta en exceso las competencias de las entidades de ahorro.