El voto ausente

Ocho días después del escrutinio de las papeletas depositadas el 19-J en las urnas de las cuatro circunscripciones provinciales gallegas, el recuento de los votos del Censo de Residentes Ausentes (CERA) -integrado por 305.000 oriundos de Galicia o descendientes suyos con doble nacionalidad domiciliados en 68 países- ha confirmado la atribución al PSdeG del último escaño de Pontevedra; la frustrada reconquista de ese acta por el PP hubiese dado a Fraga la mayoría parlamentaria absoluta y su quinto mandato presidencial. La lejanía geográfica de algunos lugares de procedencia y la lentitud de los servicios postales aconsejaban ampliar la fecha de recepción de las papeletas: en los comicios de 2001 dejaron de ser escrutados casi 12.000 sufragios que llegaron fuera de plazo.

La tensa espera de una interminable semana se alimentó de recelos, alarmas y reproches. El presidente en funciones de la Xunta suscitó las primeras desconfianzas la noche del 19-J cuando expresó en una rueda de prensa la certeza -no el deseo- de que el PP obtendría el 70% de los votos del CERA, suficiente para privar a los socialistas del último escaño de Pontevedra. Fraga también sembró cizaña con sus lamentos por la supuesta desaparición de sacas enviadas desde Venezuela; la aparición en el recuento de sobres sin matasello procedentes de ese país permite una maliciosa interpretación de los pálpitos intuitivos del presidente-fundador del PP. Los populares desplegaron anteayer un impresionante aparato logístico para vigilar el escrutinio, con Federico Trillo como comandante en jefe de la tropa; no deja de ser paradójico que el ex ministro de Defensa, responsable político de las falsedades documentales relacionadas con el trágico accidente del Yak-42, fuese designado para controlar la limpieza del recuento. Nadie sabe aún si el PP emprenderá el desestabilizador camino de las impugnaciones deslegitimadoras o si el fantasma madrileño del transfuguismo autonómico reaparece en Galicia.

Las amplísimas oportunidades de fraude que depara objetivamente el funcionamiento del CERA justifica cualquier suspicacia. El desmesurado tamaño del registro de emigrados con derecho a voto (casi el 12% del censo de Galicia), su galopante ritmo de crecimiento (se ha cuadruplicado desde 1993) y el aumento de la participación en los comicios (del 25% en 2001 al 40% en 2005) son síntomas de una patológica metástasis de naturaleza electoralista. Los buenos resultados obtenidos históricamente por el PP en el escrutinio del CERA, situados siempre muy por encima de la media del conjunto de los colegios gallegos, convierten al Partido Popular -como ocurre con los mayordomos en las novelas policiacas- en el principal sospechoso de la trama; la política asistencial aplicada por la Xunta en las colonias emigrantes de América Latina ha sido una buena inversión partidista en el mercado electoral que le ha proporcionado abundantes votos.

Las incertidumbres suscitadas por la forzosa demora de un escrutinio del que dependía la continuidad o el cese de Fraga como presidente de la Xunta dan la razón a las corrientes de opinión favorables a la reforma del CERA y de su funcionamiento. La depuración de los listados de ese oxímoron formado por ausentes que son a la vez residentes permitiría dar de baja a los muertos y a los falsos gallegos. También resultaría imprescindible la revisión del sistema de votación, que ahora permite suplantar a los censados a la hora de recoger, rellenar y devolver por correo la papeleta. Por lo demás, España se ha convertido en un país de inmigración: ¿tiene sentido otorgar a los descendientes de emigrados con doble nacionalidad -muchas veces ni han pisado el pueblo de sus padres- el derecho a elegir a concejales y parlamentarios autonómicos y negárselo, en cambio, a los inmigrantes que pagan sus impuestos y conocen de primera mano los problemas del municipio y de la comunidad donde están domiciliados de forma permanente? Y tampoco parece congruente que se reconozca a los ausentes residentes en el extranjero (los emigrados o sus descendientes) el derecho al voto municipal y autonómico en la circunscripción correspondiente a su último domicilio pero que se niegue ese mismo derecho a los 400.000 gallegos censados en otras partes de España con el argumento de que deben ejercerlo en su nuevo lugar de residencia.