El Tribunal Superior vasco resta más poder al Gobierno de Vitoria al anular otros 11 artículos de la Ley de Cajas

El Gobierno vasco va a tener que rehacer el decreto 240/2003 de Cajas de Ahorros, al recibir ayer el segundo varapalo judicial en dos años y tener ya anulados 12 de los 20 artículos. Si en diciembre de 2004 el Tribunal Superior vasco de Justicia anuló el artículo 17 que daba derecho al Ejecutivo a intervenir en el destino de la obra social, ayer se cargó 11 nuevos preceptos, y todavía quedan por resolver dos recursos más de Kutxa y de la Diputación Foral de Álava.

El decreto, aprobado a instancias de la consejera de Hacienda, Idoia Zenarruzabeitia, que repite en el nuevo Gobierno, fue considerado por todos los agentes sociales como "extremadamente intervencionista" porque "atentaba" contra la autonomía de las cajas. El decreto dotaba al Ejecutivo de Ibarretxe de instrumentos y una capacidad de control similar a la que tiene el Banco de España, en calidad de regulador.

En su sentencia, el tribunal vasco anula la exigencia a las cajas de solicitar una autorización previa al departamento de Hacienda antes de participar de forma directa o indirecta en el 50% del capital de otras entidades, cambien la mayoría del Consejo de Administración o cuando la operación supere el 5% de los recursos propios. Las cajas vascas se han caracterizado por tener fuertes carteras industriales, especialmente BBK y Kutxa. Son historia importantes y rentables operaciones como la venta de Airtel a Vodafone. Además, tienen importantes participaciones en el BBVA, en Iberdrola (BBK es el primer socio individual), en el Banco Guipuzcoano, en CAF, en Repsol, Gas Natural o Zeltia. La sentencia también anula varios preceptos que intentaban regular los procesos electorales de las cajas y determinar la asignación de puestos de consejeros generales, así como solicitar autorización para conceder créditos a los vocales del Consejo de Administración. Los magistrados estiman que esas regulaciones deben de hacerlas las cajas.