La división entre los cuatro sindicatos con representación en la mesa es cada vez mayor

El conflicto de los funcionarios de Justicia va camino de convertirse en el culebrón de este verano, no sólo por su dilatación en el tiempo, sino por los cambios de pareja y hasta de tríos, rupturas y traiciones que viven sus protagonistas. Si la consejera, María José López, y su segundo, Carlos Toscano, comenzaron siendo los malos de la película para los 6.632 funcionarios del sector, el principio de acuerdo firmado el martes pasado con UGT y CC OO ha dado un giro a un argumento caracterizado hasta entonces por la casi unidad sindical.

CSI-CSIF, CC OO y UGT formaban hasta aquel día una plataforma que convocaba las movilizaciones a una, y presentaba las mismas reivindicaciones. A saber, el cumplimiento de unos acuerdos firmados -según los sindicatos, pero negados por la Consejería- con el Ministerio de Justicia cuando gobernaba el PP. Sus exigencias, la equiparación salarial y de condiciones laborales con el resto de funcionarios de la Junta, puesto que dichas competencias le habían sido traspasadas.

Entre los tres, sumaban una mayoría más que sobrada, pues son, respectivamente, el primero, el segundo y el cuarto en representatividad. Mientras, SPJ-USO, tercero, iba por libre, aunque coincidía en la convocatoria de paros parciales que han paralizado en gran medida la actividad de los juzgados este mes, con seguimientos mayoritarios.

El objeto de la discordia es el complemento específico, que introduce la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que según los funcionarios deberían cobrar desde este año, pues ya se les exige mayor nivel de estudios y responsabilidades, pero que según la Junta debería entrar en vigor en 2007, con la reforma de la oficina judicial. En el principio de acuerdo, se pactó un complemento específico transitorio, que supone un incremento salarial medio de 120 euros mensuales en 2005, que llegaría hasta 200 euros en 2007.

Este acuerdo, satisfactorio para UGT y CC OO, ha sido rechazado radicalmente por SPJ, y después por CSIF, tras consultar con sus afiliados. Las asambleas y consultas convocadas entre los trabajadores la semana pasada para explicar el texto se saldaron, en muchos casos, con rechazos mayoritarios a la firma del preacuerdo, especialmente en Sevilla, Málaga y Granada. Tanto que SPJ y CSIF, cada uno por su lado, han convocado nuevas movilizaciones, para julio y para julio y septiembre, respectivamente. Ahora, SPJ intentará fraguar una plataforma conjunta con CSIF.

Mientras, UGT y CC OO denuncian que sus delegados han sufrido presiones y amenazas por "grupos minoritarios violentos", según José María Vico, de CC OO. Detrás de ellos, según Antonio Tirado, de UGT, están los otros dos sindicatos. Vico no los acusa directamente, aunque cree que no han hecho ningún llamamiento a la calma. En cualquier caso, los próximos paros tendrán menor seguimiento. Divide y vencerás.