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El Gobierno ultima la reforma de la Ley de Puertos pese al rechazo del sector

Claudi Pérez

El Gobierno ultima una reforma de la Ley de Puertos que introduce una mayor liberalización, según el Ejecutivo, pero que no gusta prácticamente a nadie. Sindicatos, patronales, algunas comunidades y las propias autoridades portuarias critican con myor o menor dureza el anteproyecto de modificación de la ley aprobada en 2003 por el PP. La nueva legislación de la estiba -que introduce la figura de la autoprestación- ha levantado ampollas en sindicatos y patronales. Las empresas y los propios puertos critican también la "inseguridad jurídica" tras el tercer cambio legal en menos de 10 años, y aseguran que el proyecto resta agilidad y dificulta la competencia con los puertos del norte de Europa.

El vicepresidente económico, Pedro Solbes, ya dio un primer aviso en febrero en la presentación de las 100 medidas para impulsar la competitividad. Y en esa línea, el texto del anteproyecto -en plena negociación- presenta la estiba como el principal ariete de la liberalización. Aboga por una revisión de este servicio con el objetivo de que las empresas que utilizan los puertos puedan realizar una parte de ese trabajo sin tener que contratar empresas que cuentan con la autorización de la Administración, a través de la figura de la autoprestación. Además, la nueva ley revisa los ámbitos funcionales reservados en exclusiva a los estibadores y fomenta, con bonificaciones, la contratación de trabajadores en régimen laboral común por parte de las empresas estibadoras.

Contestación

El presidente de Puertos del Estado, Mariano Navas, admite que las medidas de liberalización relacionadas con la estiba "han tenido una contestación importante, pero se van a llevar adelante, tras las negociaciones oportunas, en la línea de la necesaria liberalización que evite posiciones de dominio".

Los postulados de Puertos del Estado no convencen al principal sindicato del sector, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar. Su líder, Antolín Goya, sostiene que la reforma es "más centralista" que la ley anterior, y asegura que el crecimiento de los puertos en los últimos años "demuestra que el sistema funciona". Para Goya, si el anteproyecto avanza, "las sociedades de estiba dejarían de ser viables a medio plazo".

Bruselas prepara también una nueva regulación de la estiba. "El Ejecutivo quiere ir por delante, pero se puede encontrar con una huelga mientras los puertos europeos operan con normalidad", dice Ángel Pérez-Maura, presidente de la patronal Anesco. Pérez-Maura critica la subida de tarifas del proyecto y concluye que "hay cosas mejorables, pero no hace falta ponerlo todo patas arriba". Manuel Carlier, presidente de la patronal naviera (Anave), pide al Gobierno que la subida de tasas "se aplique de manera gradual" y aplaude la liberalización, "siempre que se haga progresivamente".

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Sobre la firma

Claudi Pérez
Director adjunto de EL PAÍS. Excorresponsal político y económico, exredactor jefe de política nacional, excorresponsal en Bruselas durante toda la crisis del euro y anteriormente especialista en asuntos económicos internacionales. Premio Salvador de Madariaga. Madrid, y antes Bruselas, y aún antes Barcelona.

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