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Reportaje:LA REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA

La reforma andaluza, entre la valenciana y la catalana

El debate en Andalucía se sitúa a mitad de camino entre las propuestas del Gobierno de Cataluña y el acuerdo de Valencia

A la chita callando, PSOE y PP cerraron a finales de mayo un acuerdo para la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana. En Andalucía y Cataluña, los partidos siguen dándole vueltas a las reformas y se espera que el segundo semestre del año sea clave para avanzar en la redacción final de los nuevos estatutos.

En Cataluña hay un borrador elaborado por una ponencia integrada por los cinco grupos parlamentarios. Este borrador, elaborado con propuestas del Instituto de Estudios Autonómicos y de los grupos, está sometido a revisión por un grupo de trabajo reducido, integrado por miembros de la ponencia. El borrador contiene observaciones y reservas de todos los grupos a un gran número de sus artículos.

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El Estatuto pone la segunda marcha

Está previsto que cuando finalice esta revisión, probablemente a finales de julio, la ponencia realice la segunda lectura, que ha de servir para adoptar formalmente la propuesta de reforma y remitirla a la correspondiente comisión del Parlamento catalán. Tras el debate y votación en la comisión, el proyecto pasará probablemente al Consejo Consultivo de la Generalitat, organismo de asesoramiento jurídico, para que dictamine. El siguiente trámite es el debate y votación por el pleno del Parlamento catalán.

El Estatuto catalán es el que más polémica ha generado, sobre todo por la propuesta del Gobierno tripartito sobre la financiación autonómica y por el proyecto de los grupos parlamentarios, excepto el PP, de definir a Cataluña como nación.

En estos dos puntos, los planes de los dos grandes partidos andaluces (PSOE y PP) coinciden con el Estatuto valenciano, que sólo alude a principios generales en la financiación y opta por la definición de nacionalidad histórica. En otras materias, las propuestas del PSOE andaluz son más cercanas al debate catalán (el blindaje de las competencias autonómicas, la participación de la comunidad en la designación de órganos estatales como el Tribunal Constitucional o el papel de la autonomía en la toma decisiones de la Unión Europea).

El Gobierno andaluz cuestiona la viabilidad de las propuestas catalanas sobre la financiación y la definición, pero tampoco se muestra entusiasmado con el Estatuto valenciano, en el que ve "carencias". En este escenario, Andalucía se sitúa entre Cataluña y Valencia y puede marcar, de nuevo, la norma.

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