El Gobierno reformará 21 leyes para crear la Oficina Judicial

El Consejo de Ministros aprobó ayer un anteproyecto de ley orgánica por el que acometen las reformas legislativas necesarias para la puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial, mediante cambios en un total de 21 leyes. La Oficina Judicial englobará el conjunto de medios personales, materiales y tecnológicos que rodean al juez en el desarrollo de su trabajo. El diseño de esta nueva Oficina liberará a los jueces de las labores burocráticas y les permitirá dedicar todo su tiempo a dictar sentencias y resolver los litigios que tengan encomendados, según el Gobierno.

La pieza clave en los objetivos de la nueva Oficina Judicial es la figura del secretario judicial, que se refuerza como un especialista de alto nivel de competencia. Las reformas legislativas que introduce el anteproyecto incluirán otras mejoras en el ordenamiento jurídico español dirigidas a aumentar las garantías de los justiciables. Así, se introduce la grabación obligatoria en vídeo de las sesiones del juicio oral, cuando se trate de delitos.

Esta amplia reforma introducirá, además, los mecanismos necesarios para evitar que se produzcan múltiples actuaciones judiciales con el mismo objeto, haciendo todo lo posible para lograr una acumulación efectiva de acciones, procesos, recursos o ejecuciones en un mismo procedimiento.

Militares en el extranjero

En la reunión de ayer, el Gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre la participación de unidades y observadores militares en operaciones fuera de España, con un máximo de 3.000 personas, y autorizó la participación de un batallón de Infantería con un máximo de 500 efectivos para apoyar el proceso electoral del próximo mes de septiembre en Afganistán.

También autorizó la contratación de 2.603 terminales de comunicaciones para la Guardia Civil de Tráfico, que permitirán, entre otras cosas, abonar inmediatamente las multas con tarjeta de crédito.

El Ejecutivo hizo los siguientes nombramientos: Silvia López Rivas, directora general de Cooperación Financiera con las Comunidades Autónomas; Alain Cuenca García, director general de Cooperación Financiera con las Entidades Locales; José María Beltrán, director general de Cooperación Autonómica; y Enrique Gómez Campo, director general de Desarrollo Autonómico. Además, nombró a Mariano Alonso-Burón y Aberasturi embajador en Canadá; a Manuel Alabart Fernández-Cavada, embajador en Arabia Saudí; a Juan Serrat Cuenca-Romero, embajador en Siria, y a Juan Pablo García-Berdoy Cerezo, embajador en Moldavia.

También concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a Ana Martín Fernández, Josefa Pedraza Pino y Luis Alberto Sánchez García, y la placa de honor del mérito constitucional a los equipos de desactivación de explosivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.