Bienestar y Familia empieza a cerrar oficinas

La época de Antoni Comas como consejero de Bienestar Social (1988-1999) se caracterizó por la expansión de la red de oficinas de atención al ciudadano de este departamento, lo que los partidos de izquierdas, entonces en la oposición, criticaron duramente. No se cansaron de denunciar que estas oficinas habían relegado a un segundo plano su vocación de servicio para convertirse en herramientas de control político y para repartir subvenciones que tildaron de "propinas".

Ahora, con una red de 71 centros en todas las comarcas, el Departamento de Bienestar y Familia, en manos de Esquerra Republicana, ha comenzado a cerrar algunos de estos centros por considerar que se encontraban demasiado cerca los unos de los otros o porque su actividad no encajaba con la política del nuevo departamento. La primera en echar el cierre ha sido la de L'Hospitalet de Llobregat, que, según confirmaron fuentes de Bienestar y Familia, se encuentra ya en proceso de desmantelamiento. A ésta le seguirán otras, como las situadas en determinados barrios de Barcelona o de otras capitales de provincia, donde ya existen delegaciones del departamento.

El secretario general de Bienestar y Familia, Antoni Segarra, explicó ayer a este diario que su departamento no cerrará ninguna oficina que se considere "imprescindible", pero que va a renunciar a aquellas cuyo trabajo puede desempeñarse en instalaciones próximas.

Segarra, quien aseguró que las oficinas de Bienestar y Familia se dedican ahora "a lo que se tienen que dedicar", manifestó que los cierres no afectarán a más de "siete u ocho" delegaciones. Sobre lo que se hará con el resto, todavía no hay acuerdo a pesar de que el Pacto del Tinell, la hoja de ruta del Gobierno tripartito, dice sin rodeos que deben traspasarse a los ayuntamientos.

Pero este eventual traspaso, que ya ha provocado enfrentamientos públicos entre el PSC y ERC, no se producirá en breve. Según defendió la semana pasada en el Parlament el diputado socialista Lluís Miquel Pérez, estas oficinas deberían traspasarsse a los ayuntamientos por "higiene democrática" y para evitar "la tentación de que puedan seguir siendo utilizadas con unos criterios que no son de mayor eficacia ". Segarra no lo niega, pero asegura que "problemas técnicos, de traspaso del personal y de operatividad" lo impiden "a corto plazo".

El secretario general de Bienestar Social, sin embargo, destacó la voluntad de su departamento, dirigido por Anna Simó, de convertir estas oficinas en puntos de información de la Administración autonómica. "Estas instalaciones deberían ser el punto desde el que el ciudadano pueda acceder al conjunto de los servicios de la Generalitat, no sólo los de Bienestar y Familia", dijo Segarra, quien aseguró que su departamento no tendría inconveniente alguno en renunciar a la titularidad de ellas si eso sirve para mejorar su gestión.

Paralelamente a los planes de Bienestar y Familia, el Gobierno catalán ha encargado a la Dirección General de Atención Ciudadana que elabore un plan para reestructurar las oficinas que departamentos como los de Agricultura, Trabajo y Bienestar Social tienen en el territorio. Esta red, con más de 200 oficinas, no trabaja de forma coordinada entre sí, algo que el Ejecutivo quiere remediar.

De momento, el Departamento de Agricultura ya se ha ofrecido para que sus oficinas situadas en zonas rurales o mal comunicadas puedan servir para hacer trámites ajenos a este departamento. "Nuestras instalaciones deberían servir para que personas que viven en entornos aislados puedan acceder más fácilmente al conjunto de la Administración", afirmó ayer un portavoz de este departamento.