El tripartito ratifica su decisión de liquidar las cámaras urbanas

Los tres partidos que formarán el próximo Gobierno vasco si prospera la candidatura de Juan José Ibarretxe (PNV, EA y EB) han plasmado en su nuevo acuerdo programático el compromiso de "culminar el proceso de liquidación de las tres cámaras de la propiedad urbana". El actual Ejecutivo en funciones se quedó a un paso de cerrar este asunto antes de las elecciones autonómicas, tal y como prometieron en el Parlamento. El proyecto de decreto de liquidación, pendiente de un informe jurídico, se ha retrasado por la dificultad para darle traslado a los trabajadores afectados.

El nuevo acuerdo de gobierno de PNV, EA y EB para los próximos cuatro años ha acabado con las últimas esperanzas que tenían los actuales rectores de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Vizcaya y de Guipúzcoa de convencer a los nacionalistas para que dieran marcha atrás. A instancias de EB, que mantendrá el Departamento de Vivienda, el texto programático acordado recoge de manera expresa el compromiso de poner fin de las tres instituciones de defensa de los propietarios de bienes inmuebles como corporaciones de derecho público.

Con este nuevo acuerdo para sacar adelante en el menor tiempo posible el proyecto de decreto elaborado la anterior legislatura entre Vivienda -tiene la tutela de las cámaras- y Vicepresidencia, los tres partidos ponen fin a las expectativas que habían surgido en el entorno de las cámaras sobre la verdadera voluntad política de PNV y EA en este asunto. Fuentes próximas a los equipos rectores de estos organismos especulaban con la posibilidad de que, ante la batería de recursos judiciales que tienen preparados para cuando sea aprobado el decreto, el Gobierno vasco podría llegar a algún acuerdo previo que evitara la liquidación.

Sin embargo los partidos del Ejecutivo se han convencido de que no se puede dilatar más tiempo el cumplimiento de un Real Decreto-Ley de 1994, cuya vigencia fue reiterada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en una resolución de diciembre de 2002 y en el auto de ejecución de esa sentencia, en junio de 2004. Aquel decreto-ley del último Gobierno de Felipe González, ratificado por el Congreso de los Diputados, estableció la supresión de las Cámaras de la Propiedad Urbana como corporaciones de derecho público, además de establecer las condiciones para la integración en el sector público no sólo de sus trabajadores sino de parte de su patrimonio.

Precisamente el nuevo decreto, cuya aprobación en el Consejo de Gobierno vasco se ha retrasado por diversos problemas a la hora de comunicarlo a algunos trabajadores de esos organismos, establece los límites y las condiciones para su integración en el sector público y para la asunción de su patrimonio.

Patrimonio disputado

Este último aspecto se plantea como una de las custiones más controvertidas, ya que el Gobierno vasco tiene que designar qué parte del patrimonio de las cámaras se ha acumulado durante los años en que las cuotas eran obligatorias (por lo que debería pasar a manos de la Administración) y cuál a la etapa en que han funcionado como organismos de asociación voluntaria.

El nuevo decreto establece el cese de las funciones que desempeñan actualmente las tres Cámaras urbanas de Euskadi. A partir de ese momento, será Vivienda quien asuma los servicios que desempeñan en materias como la información sobre los derechos y obligaciones de propietarios de bienes inmuebles, visado oficial y registro de contratos de arrendamiento. El gran cambio en la prestación de los servicios es que ahora la ventanilla estará abierta no sólo para el propietario, sino también para los inquilinos.

Por su parte, Vivienda desempeñará las funciones de mediación y conciliación en los conflictos que surjan entre los propietarios e inquilinos, siempre que las dos partes lo soliciten. Finalmente, la Administración asumirá también el registro, depósito y gestión recaudatoria de las fianzas de arrendamientos urbanos. Mientras no se produzca la incorporación del personal al Gobierno vasco, éste seguirá prestando sus servicios en los locales de las cámaras.

El proceso de liquidación de las cámaras se aceleró al hacerse pública una auditoría en la que se resaltaban los graves problemas de gestión de las cámaras de Vizcaya y Guipúzcoa. En 2003, el patrimonio de las tres sumaba 18 millones de euros y el número de socios superaba los 200.000 ciudadanos. El personal susceptible de pasar al Gobierno supera las treinta personas.