Amnistía insta a Rabat a investigar la tortura en el Sáhara Occidental
Amnistía Internacional pidió al Gobierno de Marruecos, en un comunicado difundido esta madrugada, que "garantice la investigación exhaustiva e imparcial de todos los informes sobre torturas y malos tratos a detenidos" tras las protestas en el Sáhara Occidental y que los imputados sean "juzgados con las debidas garantías".
Los disturbios empezaron el 24 de mayo en El Aaiún y se prolongaron durante varios días al tiempo que se extendían a otras ciudades, como Smara y Dajla.
Aunque las manifestaciones se iniciaron "pacíficamente", según la organización de defensa de los derechos humanos, pronto degeneraron cuando "los manifestantes quemaron banderas marroquíes y lanzaron piedras y cócteles molotov. Los antidisturbios marroquíes "hicieron un uso excesivo de la fuerza arremetiendo contra manifestantes pacíficos".
Más de un centenar de personas fueron detenidas y unas 25 serán juzgadas por "conspiración criminal, alteración del orden público y daños contra la propiedad". Los detenidos fueron, presuntamente, "golpeados con porras (...), suspendidos en posturas dolorosas, tapándoles boca y nariz con trapos sucios para producirles una semiasfixia (...)", y también los agentes les orinaron encima.
Amnistía recuerda que a diputados del Parlament de Cataluña se les prohibió entrar en el Sáhara para investigar los sucedido. Marruecos cursó, sin embargo, sendas invitaciones al Congreso y al Senado español para que formen delegaciones que visiten el territorio. La Mesa de la Cámara Alta aceptó ayer el ofrecimiento marroquí, aunque no fijó ninguna fecha.
El Partido Socialista francés expresó, la semana pasada, su "preocupación" por "la brutal represión" de las manifestaciones en El Aaiún a través de un comunicado de su secretaría internacional. El texto insta a Rabat y al Frente Polisario a "restablecer una dinámica de diálogo" y urge a que sean aplicadas las resoluciones del Consejo de Seguridad. La última resolución importante fue, en julio de 2003, la que aprobó el llamado Plan Baker, que Marruecos rechaza, pero que Argelia y el Polisario aceptaron.
