El Gobierno acelera la modernización de 41.000 hectáreas de regadío para paliar la falta de agua

El Gobierno ha decidido acelerar la modernización de 41.000 hectáreas de regadío en la Comunidad Valenciana para intentar paliar los efectos de la sequía. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer el real decreto del Gobierno central por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños producidos por la sequía y otras adversidades climatológicas. Las ayudas previstas para los agricultores -exenciones fiscales, préstamos subvencionados, gratuidad de cánones- no se podrán cuantificar hasta que se publique la orden que establecerá los requisitos.

El real decreto del Gobierno incluye de manera territorializada una declaración de obras de interés general que permitirán acelerar las obras de riego por goteo en la Comunidad Valenciana para aprovechar mejor el agua en los cultivos. Un apartado donde la Comunidad Valenciana es la primera autonomía beneficiada, ya que se aceleran inversiones por importe de 372 millones de euros que permitirán modernizar un total de 40.902 hectáreas de regadío.

Tanto el mayor montante de la inversión como el mayor número de hectáreas de regadío afectadas por la declaración de obras de interés general pertenecen a la provincia de Alicante -fundamentalmente a La Vega Baja, el Vinalopó y La Marina-, aunque también aparecen relacionadas importantes mejoras en los regadíos de Castellón y Valencia.

Las partidas más importantes son las siguientes: 45 millones de euros para mejorar el regadío de 5.000 hectáreas en la cuenca del Girona en la comarca de La Marina Alta; 41,5 millones para lograr una mejor gestión del abastecimiento en 2.277 hectáreas del sindicato de aguas de Dolores (La Vega Baja); 41 millones para la modernización de regadíos de la comunidad de regantes de San Felipe Neri; y 35,8 millones de euros cuyo destino final es un mejor aprovechamiento del agua en 2.431 hectáreas de los regadíos del juzgado privativo de aguas del Azud de Alfeitami en La Vega Baja.

Además de declarar el carácter urgente de estas obras, el decreto establece la posibilidad de que los profesionales del sector agrario pidan una rebaja del 50% en las cuotas de la seguridad social entre julio de este año y febrero del año próximo. También se prevé una línea de préstamos al 2% del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para los regadíos que hayan recibido un 20% menos de agua, el secano con un porcentaje igual o mayor de pérdidas y las explotaciones de animales que hayan visto afectado su rendimiento por las adversas condiciones climatológicas. Entre las medidas previstas también se incluye la exención de tarifas y el canon que pagan los regantes del Segura, el Ebro, el Tajo y el Júcar.

Estas ayudas, sin embargo, serán difíciles de cuantificar en la Comunidad Valenciana hasta que no se apruebe la orden que ha de regular las ayudas y los municipios que son susceptibles de acogerse a ellas.

En este contexto, el BOE también publicó ayer el proyecto de ampliación de la desalinizadora del canal de Alicante y el estudio de impacto ambiental. Estos proyectos que se someten a exposición pública corresponden a un trámite previo a la declaración de impacto ambiental que necesita la ampliación de la desaladora de la mancomunidad de los Canales de Taibilla en Alicante. Con esta ampliación se pretende incrementar la producción de agua dulce de 18 a 24 hectómetros cúbicos anuales para garantizar el suministro a un área que puede llegar a albergar a tres millones de habitantes en época estival.

La secretaria general del PP en la Comunidad Valenciana, Adela Pedrosa, manifestó ayer que "el PSOE sigue en sus trece y no es capaz de ver más allá, ya que, a pesar de las advertencias recogidas en los informes de sostenibilidad realizados por el propio ministerio, insiste en seguir adelante con un proyecto que se sustenta únicamente en la implantación arbitraria y desordenada de desaladoras".