Greenpeace denuncia a Costas por el puerto Campomanes

La organización ecologista Greenpeace presentó ayer una denuncia en los Juzgados de instrucción de Plaza de Castilla en Madrid contra el director general de Costas del Ministerio de Medio Ambiente y aquellas personas que resulten responsables del incumplimiento de los condicionantes que debían haberse llevado a efecto antes del inicio de las obras de ampliación del puerto deportivo Luis Campomanes en Altea (Marina Baixa), a cargo Marina Greenwich, SA.

Las obras de ampliación de este puerto deportivo se desarrollan a pesar de las sucesivas denuncias de los colectivos ecologistas, como Greenpeace, respecto al incumplimiento de los condicionantes impuestos por Medio Ambiente para llevar poder ejecutar las obras. Entre los incumplimientos, según los ecologistas, figura la elaboración de un estudio de dinámica litoral en el que se determinen las afecciones a las playas que debía ser aprobado por la dirección general de Costas, y sin el cual no puede procederse a la adscripción (cesión) de los terrenos; también se debería evaluar la reducción de la superficie destinada en el proyecto presentado a establecimientos comerciales; fijar la limitación de las alturas de construcción y de su actividad a la náutica deportiva de baja intensidad; y la prohibición de construir edificios destinados a usos residenciales o habitacionales.

Greenpeace lamenta, en un comunicado difundido ayer, que no se haya realizado un proyecto de restauración de las praderas de Posidonia oceánica, una planta marina que forma bosques sumergidos donde se cobijan cientos de especies y actúan como barreras naturales reteniendo la arena y preservando las costas de la erosión. Del mismo modo, según la organización, deberían haberse realizado los trabajos necesarios para la prospección de los fondos en busca de ejemplares de Pinna nobilis para su traslado y reimplante. Sin embargo, las obras comenzaron sin haberse realizado los trasplantes, afectando y perjudicando a especies protegidas presentes en la zona.

Los conservacionistas en su denuncia exponen que se han arrancado pinos al excavar un monte situado a pie de playa y se ha vertido una gran cantidad de materiales sobre el fondo marino. La dirección general de Costas señalaba en su resolución que "cualquier incumplimiento de las condiciones de la declaración de impacto ambiental y de los usos y volúmenes autorizados por este informe supondrá un incumplimiento de los fines que justificaron la adscripción... por lo que los bienes de dominio público marítimo terrestre revertirán al Estado...". Greenpeace considera que la Dirección General de Costas debería "haber velado por el cumplimiento de todos los condicionantes que ella misma impuso". Sin embargo, "nada de esto ha hecho desde la emisión de su resolución en septiembre de 2003, lo que podría significar que se ha incurrido en la comisión de los delitos de prevaricación y omisión de diligencia".