Álvarez carga contra los 'pelotazos' inmobiliarios de las empresas que cierran

Las deslocalizaciones de empresas que sufre Cataluña dominaron ayer la apertura del XXI Congreso de la UGT de Cataluña. Su secretario general, Josep Maria Álvarez, que opta a la reelección, sugirió que a la Generalitat, representada en el acto por el presidente, Pasqual Maragall, no le preocupan "los pelotazos indecentes de recalificaciones de terrenos" de las empresas que cierran. Álvarez cree imposible que el tripartito cumpla su objetivo de construir 43.000 viviendas en la legislatura.

El secretario general de UGT de Cataluña considera que el sindicato ha afrontado "bien, con toda seguridad", las deslocalizaciones de empresas que se vienen produciendo en los últimos años, según afirmó en un encuentro con la prensa previo al inicio del congreso. Ante el problema, el sindicato cree que el acuerdo de competitividad firmado hace unos meses entre sindicatos, patronales y Generalitat, y el reciente Acuerdo Interprofesional de Cataluña (AIC) entre los agentes sociales, son pasos que ayuda, "aunque no podemos quedarnos ahí", señaló.

El congreso de UGT, que arrancó ayer y reunirá hasta el próximo jueves en Lleida a 544 delegados, persigue que UGT dé un cierto giro para centrar su atención en las pequeñas y medianas empresas (pymes), además de hacer a la organización sindical "más participativa, democrática, con consultas y referendos a la hora de decidir la aprobación de los convenios colectivos provinciales y de ámbito catalán", según su secretario general.

Álvarez se presenta a la reelección para un cargo que viene ejerciendo desde el año 1990. En el secretariado de la organización será relevada Carme Rangil, secretaria de política sindical, además de otras dos personas cuyos nombres no se hicieron públicos ayer.

Durante su intervención, en la que no faltaron alusiones a China y al último acuerdo cerrado entre el gigante asiático y la Unión Europea -"hace reír", opinó-, no hubo grandes críticas al Gobierno de Pasqual Margall. Arropó, además, su objetivo de mejorar la financiación autonómica de Cataluña. "Necesitamos un sistema que nos ayude a solventar los graves problemas desde el punto de vista de la consolidación del Estado de bienestar" y sus "graves carencias sociales", dijo.

La vivienda

Donde sí puso el dedo en la llaga fue en la política de vivienda que desarrolla el Gobierno de la Generalitat, cuyo objetivo de construir durante la actual legislatura 43.000 viviendas en Cataluña fue considerado por Álvarez "materialmente imposible" de cumplir.

Al Gobierno tripatirto, dijo, parece que no le preocupan "los pelotazos indecentes de recalificaciones de terrenos" de algunas empresas que cierran. Frente a estos movimientos de especulación inmobiliaria que se producen cuando una empresa cierra y vende los terrenos de su planta a otra empresa por cuantías millonarias, Álvarez recordó los 90 años que serán necesarios para poder vender un piso protegido.