"El Supremo nunca ha dicho que el Impuesto de Sociedades deba ser el 35%"

Juan Antonio Zárate, diputado de Hacienda de Álava, (vitoriano de 61 años) está sorprendido del anuncio del PSE de llevar la nueva norma foral del Impuesto de Sociedades ante la Fiscalía General del Estado "sin previo aviso" y por prevaricación. Las Juntas Generales de Álava aprobaron el lunes los artículos que sustituyen a los anulados por el Tribunal Supremo al ser considerados ayudas de Estado, entre otros, el mismo tipo impositivo, el 32,5%.

Pregunta. ¿Qué futuro tiene la norma foral tras el anuncio del PSE-EE de comunicar a la Fiscalía su aprobación al considerar que hay prevaricación?

Respuesta. El espíritu del acuerdo, que se alcanzó en el Órgano de Coordinación Tributaria entre las tres diputaciones, es evitar, en primer lugar, el vacío normativo que se producía como consecuencia de los artículos anulados por la sentencia del Tribunal Supremo. En segundo lugar, estamos recibiendo información de que el Ministerio de Hacienda, y el partido socialista, tienen intención de modificar la normativa tributaria, entre ellas el Impuesto de Sociedades. Se ha hablado repetidamente de la reducción de tipos impositivos. De ahí que la norma tenga una vocación de urgencia. Aunque no me gusta hablar de normas transitorias, sí tiene esta vocación a esperar un nuevo escenario y un nuevo impuesto.

"No me gusta hablar de normas transitorias, pero creemos que hay que modificar el impuesto y estamos a la espera de un nuevo escenario"

"No sé si hay una voluntad del PSE de llegar a una norma acorde o de manifestar una discrepancia global con nuestra capacidad normativa"

P. ¿Ese periodo transitorio no se puede ver torpedeado por el anuncio de los socialistas de acudir a la Fiscalía?

R. No es demasiado creíble que se pueda llegar a una suspensión.Hay que entender que la reforma es global. No se puede incidir en uno de los temas, como es el tipo impositivo. Se trataba de sustituir los artículos anulados por la sentencia y se ha atendido al requerimiento del tribunal, hay voluntad de cumplir la sentencia. La normativa es de 1996 y en estos nueve años ha sufrido modificaciones importantes. Tres de los artículos anulados estaban ya derogados en cumplimiento de los acuerdos de paz fiscal del año 2000. Dos artículos se derogan en la normativa del pasado lunes y hay modificaciones en el resto. En cuanto al tipo impositivo, insisto en los avisos del propio presidente del Gobierno [José Luis Rodríguez Zapatero] de una reducción.

P. ¿Pero no saben cuándo?

R. Esperamos. El PSOE en el Ministerio de Hacienda da patadas al balón y aplaza sus anunciadas reformas.

P. ¿Temen que la nueva normativa vuelva a ser recurrida, desde La Rioja, gobernada por el PP, o desde otro sitio?

R. Anuncios de ese tipo se han producido y no sólo desde una administración, también por colectivos de contribuyentes. Siempre se puede dar. Lo sorprendente es la actitud socialista, dando un salto importante, ya que no plantea reclamaciones en el ámbito de los tribunales civiles, sino que el anuncio realizado el pasado lunes en las Juntas es acudir a la vía penal. Es una situación inesperada, sorprendente, difícil de calificar.

P. ¿A qué puede responder?

R. Habrá que preguntárselo al señor [Juan Carlos] Prieto [portavoz socialista en las Juntas de Álava]. Se trata de denunciar a treintaitantos procuradores.

P. ¿Es la postura de los socialistas un ataque al Concierto?

R. Sí. Hay determinadas actitudes que no tiene explicación. Una actuación de este tipo en la vía penal y contra los junteros que aprobamos la norma parece que debería haber sido objeto de advertencia previa, y no ha sido así, sino todo lo contrario. No sé si hay una auténtica voluntad de llegar a una norma acorde o de manifestar un discrepancia global con nuestra capacidad normativa.

P. ¿El anuncio de Prieto puede tener algo que ver con las tensiones entre el PP y el PSE? Antón Damborenea, responsable de Economía del PP vasco, apunta al propio Zapatero.

R. Es difícil contestar. Oponerse a la modificación que se ha planteado no es una actuación de un grupo juntero, sino que corresponde a una coordinación superior.

P. ¿Los socialistas no han medido suficientemente su decisión?

R. Han manifestado que no habría que haber hecho nada, lo que supondría un vacío legislativo y se podría pensar que el tipo impositivo del impuesto en Álava es el 0%. Ésta es una situación absurda. Estábamos obligados a reponer la legislación.

P. ¿No se podía haber elevado el tipo al 35%, como en territorio común?

R. Entendíamos que no era procedente. Se ha manejado incluso el haber hecho alguna pequeña modificación de tipos, pero el Tribunal en ningún momento dice que haya que poner el 35%. Lo que dice es que hay un diferencia improcedente y excesiva entre la normativa del territorio común y la vasca. No dice si se hubiera cumplido con el 32,5% o con el 34%. Deja un grado de flexibilidad. A la vista de las reformas del Ministerio de Hacienda era prudente esperar y repetir el tipo al 32,5%, hasta que se que se pueda hacer una modificación de más amplitud.

P. ¿Se han rendido a las presiones empresariales?

R. Nos han acusado de defender a los empresarios y dicen los socialistas que ellos piensan en el bienestar social, pero hay que recordar que el crédito fiscal del 45% y las vacaciones fiscales se aprobaron con un Gobierno de coalición en el que estaban los socialistas al frente de Hacienda. Además, son los que nos han traído todos los problemas con la UE. Seamos serios.

P. El futuro de las normas fiscales vascas es ir a remolque de las de territorio común.

R. No ha sido así en los años de vigencia del Concierto. Ha habido una autonomía en la fijación de la normativa. La propia ley del Concierto estable unas normas de armonización y coordinación donde se establecen las limitaciones de la capacidad normativa de las haciendas forales. La ley de Concierto establece que debe haber una presión global efectiva igual que en territorio común. No está pidiendo que haya igualdad en tipos impositivos.

P. ¿Confían en una rectificación en su recurso ante el Tribunal Constitucional?

R. Esperamos que se le pueda dar la vuelta.

P. ¿Hay posibilidades de solucionar el conflicto del Cupo con la Administración central?

R. No ha habido novedades en el problema inicial, la valoración del gasto de sanidad en el año 2001, donde seguimos trayendo y llevando los 32 millones de euros. El problema es que esta cantidad ha aumentado y estamos hablando de 47 millones. Y seguirá aumentando porque responde en el cálculo del Cupo en el quinquenio 2003-07.