La Hacienda vizcaína implica en la red de venta de coches de lujo a ocho personas
La Hacienda de Vizcaya mantiene abierta la operación que ha descubierto un fraude fiscal en una red de compraventa de vehículos de lujo y camiones. Las investigaciones, iniciadas hace ocho meses y que a finales de mayo llevaron a la confiscación de 75 vehículos de gama alta y 33 camiones (sin remolque), implican a ocho personas y una docena de sociedades interpuestas, según afirmó ayer en las Juntas Generales el diputado foral de Hacienda, José María Iruarrizaga.
El responsable foral informó a los apoderados del estado de las pesquisas, que han aflorado un fraude fiscal de "algo más de seis millones de euros". Iruarrizaga explicó que el afloramiento de este caso procede de las inspecciones sobre empresas sospechosas de defraudar el IVA en el sector de la compraventa de vehículos de alta gama. En este caso, se actuó en concesionarios de Mungia y el barrio de Asúa (en Erandio), donde se descubrió la existencia de varias sociedades pertenecientes a personas distintas, que adquirían turismos de gran cilindrada en la UE para venderlos "mediante la utilización de personas interpuestas" y sin ingresar el IVA en Hacienda.
Iruarrizaga detalló el tipo de vehículos confiscados, entre ellos 27 coches de la marcha BMW y un Porsche, cuyo valor, "en una primera aproximación", asciende a unos cuatro millones de euros. El diputado señaló que en la operación, que sigue abierta con la investigación de otras empresas del sector, han intervenido seis funcionarios de la Hacienda: un inspector, dos subinspectores y tres agentes fiscales. La Hacienda vizcaína trabaja también en asegurar el cobro de las deudas tributarias de los implicados. Iruarrizaga precisó una de las empresas implicadas, la ubicada en Asúa, tiene más de 120.000 euros de deuda, lo que supone que se convierte ya en un delito fiscal. Agregó que, por ello, este expediente será remitido próximamente al fiscal.
La Diputación de Vizcaya ha trasladado a la Fiscalía 16 informes de delito fiscal entre el 1 de julio de 2003 y el 30 de abril de 2005, que afectan a 22 contribuyentes. La deuda descubierta se eleva a casi 40 millones de euros, según los datos aportados ayer. Iruarrizaga destacó que en estos dos años se han ampliado las competencias de los subinspectores de tributos.
