Un toque de sensatez

La Cámara de Representantes ha introducido un toque de sensatez en el debate americano sobre el recorte de las libertades civiles que supuso la legislación antiterrorista de la llamada Patriot Act. Al suprimir las prerrogativas especiales del FBI para investigar sin las habituales garantías procesales las fichas de los lectores en las bibliotecas y lo que compran en las librerías, la Cámara, con el voto de 199 demócratas, un independiente y el significativo apoyo de 38 republicanos, ha propinado un revés a Bush cuando el presidente está haciendo campaña no sólo para renovar la ley a fin de año, sino para reforzarla.

La sección de la ley rebatida ayer, a través de un procedimiento presupuestario, no ha sido utilizada nunca, pero la Administración la considera esencial y los más ardientes partidarios de esa norma creen que ahora las bibliotecas se convertirán en un "refugio para los terroristas". Si el Senado no cambia lo votado por la Cámara, el presidente podría vetarlo. Lo ocurrido es un aviso de que Bush tendrá más dificultades para ampliar la vigencia de esta polémica ley votada apresurada y prácticamente sin debate mes y medio después del 11-S. Al menos los legisladores tuvieron la prudencia de establecer que las principales disposiciones restrictivas, que afectan incluso a la vida privada, expirarán en cuatro años, salvo que sean expresamente renovadas.

Los aires están cambiando, y no sólo en la oposición demócrata, que ha perdido su respeto a la política del miedo, sino también entre una parte de los republicanos, preocupados por el recorte de las libertades civiles en nombre de la lucha contra el terrorismo, especialmente cuando el Ejecutivo ha hecho uso de esta ley en casos que no guardan relación con esa lucha. Las crecientes críticas atañen también al encarcelamiento y tortura de prisioneros de guerra extranjeros en Guantánamo, en Irak y otros lugares.

La falta de juicio a miles de detenidos en EE UU, acusados de actividades terroristas, va en contra del concepto mismo del Estado de derecho. El ciudadano americano José Padilla lleva más de tres años encarcelado en EE UU, sin juicio ni cargos. Este país que hizo de las libertades un faro debe recuperar sus mejores raíces, sin por ello mermar sus defensas y la persecución de los terroristas. Como dejó claro el Informe de la Comisión sobre el 11-S, más que leyes que atentan contra estas libertades, EE UU necesita servicios de inteligencia y policiales que funcionen; que lean y dejen leer en paz a la gente.