Por una financiación justa

Cataluña vive unos momentos decisivos para determinar el buen gobierno de sus instituciones y el bienestar de sus ciudadanos en los próximos años. Durante las semanas venideras, las fuerzas políticas catalanas deberán consensuar un nuevo modelo de financiación para Cataluña que será, sin duda, uno de los ejes básicos del nuevo Estatut. Y ese consenso ya dispone de unas bases muy sólidas en la propuesta presentada por el Gobierno catalán, una propuesta sólida por sus contenidos y por la amplia representatividad de las sensibilidades políticas que la avalan.

El conjunto de las fuerzas parlamentarias tenemos el deber moral de traducir el consenso social existente en Cataluña acerca de la necesidad de un nuevo modelo de financiación en un amplio consenso político. Transmitir un mensaje unitario desde Cataluña implica dejar de lado los tacticismos partidistas de corto alcance y actuar en clave de país, siendo plenamente conscientes de que ésta es una oportunidad única para conseguir un trato fiscal justo, y un paso de gigante hacia un Estado federal.

La urgencia y la necesidad de un nuevo modelo de financiación es hoy en día un clamor mayoritario

La urgencia y la imperiosa necesidad de un nuevo modelo de financiación es hoy en día un clamor socialmente mayoritario. La insuficiencia de recursos de la Generalitat de Cataluña es un lastre para el desarrollo de políticas sociales potentes y de fomento de la economía productiva. El proceso de descentralización autonómica ha dotado de un mayor bloque de competencias a las comunidades autónomas, pero no se ha acompañado de una descentralización fiscal real y ecuánime entre territorios. El déficit fiscal -que en el año 2001 era equivalente al 84% del presupuesto de la Generalitat- se ha ido convirtiendo en un déficit social y económico. Debemos garantizar un Estado de bienestar digno en Cataluña: prestaciones sanitarias de calidad, escuela pública de referencia, soporte a las familias y programas de atención a las personas que no pueden valerse por sí mismas, etcétera. Tampoco nos podemos permitir el continuo estrangulamiento de la economía a través de una infradotación de infraestructuras públicas -Cataluña dispone únicamente del 12% de capital público de todo el Estado-, unos niveles de investigación y desarrollo (I+D) inferiores a los estándares europeos o unos recursos escasos para dar respuesta adecuada a la proyección de nuestras empresas en un entorno cada vez más globalizado.

Cataluña ha ido supliendo estas carencias con un sobreesfuerzo de gasto e inversión privada, pero debemos ser conscientes de que no es sostenible continuar ejerciendo este peaje adicional. Encontramos un claro ejemplo de este proceso sustitutivo en el análisis del nivel de gasto en educación no universitaria. El gasto público por alumno catalán se situaba en el año 2002 el 10% por debajo de la media española. En cambio, somos líderes destacados en gasto privado por alumno.

Uno del los principales compromisos del Gobierno catalán consiste precisamente en realizar un giro social en las políticas llevadas a cabo por la Generalitat. Retos irrenunciables asumidos en el Pacto del Tinell y que exigen un gasto extraordinario difícilmente abordable si perpetuamos el modelo de financiación actual; retos de gran envergadura, por ejemplo desarrollar un plan de choque para reducir las listas de espera en los servicios sanitarios o considerar la oferta pública de hasta tres años como etapa socioeducativa.

En este contexto aparecen movimientos de tipo neolerrouxista, confrontando el debate estatutario al debate social. Un discurso que sólo pueden pronunciar aquellos que no ven (o aquellos a los que no les interesa ver) que son debates indisociables: sin una financiación adecuada, la posibilidad de realizar políticas sociales de alto calado en Cataluña es prácticamente inexistente.

¡Es una manifrestación formulada desde el progresismo o desde la españolidad más rancia? Cuesta creer que los mismos interesados en reavivar los fantasmas del levantamiento respondan a las dificultades y preocupaciones reales de los ciudadanos de L'Hospitalet o de la Terra Alta, por citar dos ejemplos, para conseguir un trabajo estable o una integración adecuada de la nueva inmigración.

La propuesta de financiación del Gobierno pretende romper la arbitrariedad y la opacidad del modelo actual. Un modelo en el cual comunidades autónomas con un nivel de renta per cápita superior a la media del Estado se sitúan a unos niveles de superávit fiscal difícilmente justificables. Un modelo que ha generado una redistribución de recursos públicos que no ha revertido ni en una disminución de los niveles de desigualdad interna ni en un fomento de la economía productiva de los territorios menos desarrollados. Un modelo en el cual no se pueden distinguir nítidamente los recursos destinados a la financiación del Estado y las partidas en concepto de cooperación interterritorial, transparencia que es la base fundamental de cualquier democracia avanzada con las competencias de gasto descentralizadas. El Gobierno de la Generalitat apuesta, pues, por un modelo federal basado en la transparencia y la equidad, en el cual todos los territorios puedan competir en igualdad de condiciones y con un alto grado de autonomía fiscal.

Es el momento de transmitir desde Cataluña un mensaje unitario sin ningún tipo de complejo. Nos sobran razones y tenemos la obligación de explicarnos con convencimiento y coraje. Un coraje democrático basado en la necesidad de un sistema de financiación que tenga unas reglas claras -no basado en el privilegio-, que sí significa el punto y final a una discriminación fiscal secular en beneficio de una sociedad más justa.

Josep Huguet i Biosca es consejero de Comercio, Turismo y Consumo de la Generalitat de Cataluña.