Prejubilación pública

Hay propuestas que resultan extremadamente polémicas ya desde su mera enunciación. La de rejuvenecer la Administración española mediante un plan de prejubilaciones para funcionarios mayores de 58 años, que podría afectar hasta 25.000 servidores públicos, puede ser una de ellas. El origen de la más que previsible polémica es una contradicción evidente. El Gobierno propone a las empresas privadas el camino exactamente contrario que quiere aplicarse a sí mismo: que se alargue la vida laboral de los trabajadores y que no se financien (parcialmente) con fondos públicos los costes de abaratamiento de las plantillas. Está por determinar el coste de las prejubilaciones anunciadas por el ministro Jordi Sevilla, pero cabe apostar que no será precisamente barato.

El argumento utilizado por el ministro ("estamos ofreciendo la posibilidad de que los empleados públicos tengan un derecho que otros trabajadores tienen") debe ser tomado en consideración, sobre todo si se combina con la evidencia de que los funcionarios también tienen la posibilidad de alargar la edad de jubilación. Pero no elimina la contradicción inicial. Resulta más útil enfocar la propuesta de Sevilla en función de los resultados prácticos que obtenga. Si realmente consigue reducir la edad media del funcionariado español (hoy situada en 47 años), será un avance considerable.

El plan de prejubilaciones debe cumplir algunas condiciones de cierta complejidad. La primera es que no se trate de un lifting superficial que agote sus consecuencias en una disminución de la edad media de los funcionarios españoles. Debería aprovecharse la oportunidad para orientar la carga de trabajo administrativo hacia las tareas más productivas para el Estado y más próximas a los ciudadanos. Esta exigencia, más acuciante si se tiene en cuenta la pérdida de peso de la Administración estatal frente a la local y la autonómica, requiere de explicaciones más detalladas desde el departamento de Sevilla para que pueda entenderse el sentido de las prejubilaciones públicas en el conjunto de la reforma administrativa.

La segunda es que se modifique de una vez por todas la estructura de la carrera funcionarial. Ésta es una promesa vigente y pendiente desde la década de los ochenta. De nada sirve rejuvenecer la edad media de los servicios públicos si la exigua perspectiva de recompensa profesional -el recorrido de un funcionario termina pronto y con salarios muy inferiores a los que se perciben en el sector privado- expulsa a los jóvenes mejor preparados de la senda funcionarial.